La Junta expurga casi 400.000 documentos judiciales en Jerez

La Consejería de Justicia e Interior ha informado este lunes que ha eliminado ya en la provincia de Cádiz cerca de 400.000 expedientes judiciales antiguos y sin valor, una medida aprobada por la junta de expurgo, de la que forman parte el Gobierno andaluz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con el objetivo de liberar espacio en los archivos de los juzgados y tribunales.  En concreto, la junta de expurgo ha determinado desde el año 2012 la destrucción en esta provincia de un total de 391.112 expedientes judiciales carentes de valor, guardados en 7.870 cajas y correspondientes a diligencias previas y juicios de faltas del periodo comprendido entre los años 1945 y 1998.

En toda la comunidad autónoma andaluza, tras haber realizado una nueva destrucción de 23.464 cajas con cerca de 1,3 millones de documentos, se han llegado a los 4,3 millones de expedientes eliminados, que han supuesto para la Administración de Justicia un ahorro de 157.000 euros al no tener que mantener la custodia de esos papeles, ha señalado la Consejería en un comunicado de prensa.

Este proyecto forma parte de la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental para facilitar el control y acceso a la documentación judicial desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico.

Criterios de selección

La eliminación de expedientes judiciales antiguos es acordada por la junta de expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para impulsar la gestión de este proyecto mediante el análisis y ordenación de toda la documentación susceptible de ser eliminada o conservada. Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su «interés judicial e histórico». De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural.

La junta es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la Fiscalía, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.

Dar respuesta a los problemas

El delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Fernando López Gil, ha afirmado hoy: «Este proyecto pretende dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes de la Administración de Justicia como es la saturación de los archivos judiciales y la falta de espacio en sus instalaciones y que ofrecen una imagen desfasada y negativa de este servicio público». Ha aseverado que no tiene ningún sentido conservar expedientes que no tienen nada de valor ni de interés y que están ocupando «inútilmente» un lugar en los archivos, un espacio que necesitamos liberar para acoger nuevos documentos o bien destinarlo a otros usos más perentorios.

El delegado ha puesto de relieve el valor del trabajo que viene realizando este órgano, cuyos resultados han sido elogiados incluso por el TSJA. Además, ha anunciado que su departamento va a seguir avanzando en esta iniciativa con el objetivo de mejorar los archivos judiciales y modernizar su gestión.