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Cinco empresas optan a gestionar el depósito judicial del Campo de Gibraltar
Las instalaciones asumirán los vehículos y embarcaciones intervenidos judicialmente en una comarca azotada por el narcotráfico y el contrabando
Cinco empresas optan a explotar el depósito judicial de vehículos del Campo de Gibraltar, una asignatura pendiente en una comarca azotada por el narcotráfico y el contrabando y en la que la presión policial está arrojando importantes resultados.
El plazo de presentación de ofertas para el concurso convocado por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía finalizó el pasado 28 de diciembre y al mismo han concurrido dos empresas que ya lo intentaron en la anterior convocatoria, que fue declarada desierta por cuestiones de documentación de los aspirantes, y otras tres nuevas.
La primera mesa de evaluación de reunirá el próximo día 15 y decidirá cuáles de estas ofertas pasan a la segunda fase. Fuentes de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía han explicado a ABC que el depósito judicial del Campo de Gibraltar podría estar adjudicado a finales de este mismo mes si no surgen problemas.
Se trata de una necesidad urgente en el Campo de Gibraltar, donde se vienen denunciando desde hace meses serias dificultades para el almacenamiento y custodia de los centenares de vehículos y embarcaciones que son intervenidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las numerosas operaciones contra los ilícitos.
Andalucía sólo cuenta con un depósito judicial situado en Bellavista (Sevilla) que atiende a las provincias de Sevilla, Córdoba, Huelva y Cádiz salvo el Campo de Gibraltar, donde este servicio lo han venido prestando varias empresas privadas.
Una de ellas, Grúas Sur Europa , dejó el pasado mes de mayo de recepcionar vehículos intervenidos judicialmente.
Centenares de robos
La empresa, que ha sido objeto de centenares de robos por parte del entorno de narcotraficantes para piezas de vehículos y narcolanchas , albergaba el pasado mes de mayo en sus instalaciones del Campo de Gibraltar más de 3.500 vehículos y 1.000 embarcaciones intervenidos desde el año 2009 por la Guardia Civil, la Policía Nacional o el Servicio de Vigilancia Aduanera por orden judicial.
La mayoría de estos vehículos, entre los que hay coches de alta gama, motocicletas, narcolanchas e incluso un hidroavión, fueron intervenidos por delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
Por su almacenamiento y custodia, dicha empresa, tal y como ABC publicó en su momento, reclama a la Junta de Andalucía más de seis millones de euros , si bien la Consejería de Justicia no la reconoce como depositario judicial.
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