La delegación de Empleo de Cádiz repartió 229 millones en ayudas sin justificar

La Guardia Civil asegura que la Junta de Andalucía acumulaba a finales de 2013 "algo más de 3.000 millones de euros" correspondientes a las partidas presupuestarias 32.D y 32.L (destinadas a cursos de formación) que "no han sido justificadas vencido el plazo para ello". Estas cifras salen de un informe de la Intervención General de la Junta.

Los agentes que investigan los cursos de formación a instancias de la jueza Mercedes Alaya elevaron por error a 13.000 millones de euros el importe repartido de forma discrecional en los ejercicios 2009 y 2010 entre la CEA, UGT, CC.OO y la fundación de formación de la Junta, Faffe.

En realidad los 13.000 aludidos en el atestado policial son cursos impartidos, según se desprende de otro informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que realizó una auditoría sobre las subvenciones de formación profesional para el empleo entre 2009 y 2010.

A ese estudio de la Cámara de Cuentas aluden los investigadores de la Benemérita.

El montante recibido por los agentes sociales y económicos ascendió en realidad a cerca de 276 millones de euros y suponía el 37% de las ayudas para cursos concedidas durante esos ejercicios.

Esta es una de las principales conclusiones a las que llegó la UCO de la Guardia Civil en uno de los atestados enviados a la jueza Mercedes Alaya y unido al sumario de los cursos de formación cuyo contenido se conocía este lunes una vez que el secreto del sumario se ha levantado y las partes han tenido acceso a este.

Concretamente en la documentación se explica que la Intervención detectó 2.260 millones de euros pendientes de justificar y que son competencia de los servicios centrales del SAE. Los otros casi 800 euros son ayudas repartidas por las ocho delegaciones provinciales de Empleo.

El informe de la Guardia Civil, que recoge cifras reconocidas por la propia Administración andaluza a través de la Intervención General, destaca los casos de las delegaciones de Sevilla, con 262 millones de euros, y de Cádiz, con 229 millones.

Una cantidad, que según la UCO, se corresponde con "la suma de todas aquellas cantidades que anualmente se comunicaban a las delegaciones provinciales y a los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo a los efectos de se reclamadas a los beneficiarios que no la habían justificado en plazo mediante la instrucción de los correspondientes expedientes de reintegro".

Estos son algunos de los datos que manejan los investigadores y que impulsaron la 'operación Barrado', que supuso la detención de 16 altos cargos de la Administración andaluza, entre ellos los que fueran delegados provinciales de Empleo y de Educación, Juan Bouza y Manuel Brenes. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar y quedaron en libertad con cargos.

Certificados falseados

Entre la documentación de la que se ha dado traslado a las partes, consta la declaración como testigo ante Alaya de Ignacio García Revilla, quien en julio de 2010 fue nombrado interventor adjunto de Control Financiero de las grandes empresas de la Junta y que en su comparecencia hizo alusión a los certificados emitidos por el SAE una vez se había liberado el pago del 75 por ciento de las ayudas y donde "se hacía contar que los fondos subvencionados se habían destinado a la finalidad objeto de la subvención".

Este interventor puso de manifiesto que "los certificados de finalidad con carácter general no eran concordantes con la realidad, ya que la inmensa mayoría presentaban problemas de justificación", según consta en el acta de su declaración.

Al hilo, aseveró que "no tiene evidencias directas pero sí indirectas, a través de la falta de realidad de los certificados y de los numerosos fallos en la tarea de comprobación" por parte del SAE, que no pueden imputarse esos problemas de justificación a falta de tiempo, sino que se realizaran deliberadamente.

En este punto, la jueza le preguntó por la razón que hubiera llevado al órgano gestor (el SAE) a actuar deliberadamente y el testigo aseguró que "por beneficiar a determinadas empresas o a determinados grupos de beneficiarios".

El exconsejero beneficiado

Hay que recordar que entre los grandes beneficiados en el reparto de estas ayudas está el exconsejero de Hacienda de Jerez, Ángel Ojeda, quien creó una red de empresas y fundaciones que llegó a captar 48 millones de euros en cuatro años según aproximaciones que hizo en una investigación paralela la Policía nacional y que acabó con su detención el año pasado en Cádiz.

La cuñada de Ángel Ojeda, Teresa Florido, fue directora general de Formación Profesional y otra de las detenidas en la 'operación Barrado'.

También le preguntó la magistrada por los 950 millones de euros que la Administración andaluza no reclama su justificación a los beneficiarios. "En su opinión como ciudadano cree que todo obedece a la misma finalidad de favorecer a determinadas empresas o determinados grupos y el seguir dando subvenciones como sea".