Un testigo protegido da nuevas pistas sobre el caso Iguala e implica a la Policía

Transcurridos más de 18 meses desde la desaparición de 43 estudiantes, el caso sigue complicándose y representando un dolor de cabeza cada vez mayor para el Gobierno de México, al aparecer un testimonio que implica a policías federales en la tragedia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que cuenta con un testigo que implica a policías del municipio de Huitzuco y a dos agentes federales en el caso de los estudiantes desaparecidos de la escuela para maestros Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

«Hoy damos a conocer información que daría a presumir la participación de elementos de Huitzuco (estado de Guerrero) y elementos de la Policía Federal en los hechos ocurridos en el denominado puente de El Chipote, en Iguala

», dijo en rueda de prensa el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

En ese punto, por donde transitaba uno de los autobuses con estudiantes de Ayotzinapa, llegaron varias patrullas de policías de Huitzuco, localidad ubicada a unos 30 kilómetros de Iguala, así como patrullas de este último municipio y dos agentes federales.

Según la nueva versión, la noche del 26 de septiembre de 2014, los policías de Huitzuco podrían haberse llevado entre 15 y 20 estudiantes que se encontraban dentro del vehículo, lo que daría pie a la configuración de una «segunda ruta de desaparición».

Dicha hipótesis difiere de la versión de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), que establece que los jóvenes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basurero en el municipio vecino de Cocula.

Sancionar a los responsables

Por su parte, la PGR emitió un comunicado en que afirmó que «ha sido receptiva con los planteamientos hechos por las diversas instancias en materia de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales», en el marco de las investigaciones del caso.

«En el caso concreto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se solicitaron medidas cautelares para la protección y salvaguarda de una persona, interviniente en el procedimiento penal, quien refiere la probable participación de elementos de otros cuerpos policiales» en los hechos de septiembre de 2014, apuntó.

En razón de lo anterior, expuso, la PGR estableció «de manera oportuna y a satisfacción del interviniente, las medidas cautelares necesarias e idóneas para preservar su seguridad e integridad, así como las de su entorno familiar».

«Esta representación social profundizará en esta línea de investigación y en su momento se darán a conocer los resultados que correspondan y respondan a los planteamientos que hoy realiza la CNDH», añadió la PGR.

Finalmente, reiteró que continúa con la investigación del caso «a efecto de que se sancione a todos y cada uno de los responsables de tan lamentable suceso».

«Criminalizarlos»

En tanto, los padres de los 43 informaron hoy que presentarían una denuncia ante la PGR por el espionaje telefónico que sufren desde hace más de un año.

Al término de una reunión con la fiscal general, Arely Gómez, en la que se les informó sobre los avances de la investigación, los padres convocaron una rueda de prensa en la que proclamaron que hay quienes quieren «criminalizarlos» y provocar fracturas en su movimiento.

«Hace un año cinco meses teníamos intervenidos nuestros teléfonos, saben lo que hacemos», aseveró uno de los padres, Mario César González, y mostró un documento del que dijo que era una demanda contra quien »resulte responsable del espionaje de esas llamadas».

«Y quién tiene la capacidad o los métodos para dicho espionaje sino la Procuraduría, el Gobierno, el que nos está vigilando, que no quiere que se sepa la verdad», abundó.

«Indios piojosos»

Este miércoles se filtró una presunta llamada de Vidulfo Rosales, abogado de los padres, en la que se quejaba del comportamiento de estos y los llamaba «indios piojosos».

Además, recientemente apareció un vídeo con una grabación telefónica que insinuaba que los padres habrían recibido dinero del crimen organizado, una acusación que ellos negaron.

»Si pensaban que su criminalización a los padres nos iba a separar, al contrario, nos unió más», aseguró González.

La información fue entregada por un testigo presencial, quien se encuentra bajo resguardo y anonimato, que se acercó directamente a la CNDH, según explicó José Larrieta Carrasco, encargado de la Oficina Especial para el caso Iguala de la CNDH. El testigo aportó información sobre una segunda ruta de desaparición de los normalistas y sobre un nuevo presunto líder criminal.

Según su testimonio, entre 10 y 15 estudiantes fueron llevados a la zona de Puente del Chipote, en Iguala, donde elementos de la policía municipal de ese municipio esperaron a elementos municipales de Huitzuco. Una vez que llegaron, obligaron a los normalistas a bajar del autobús 1531 y los subieron a los normalistas en cuatro patrullas y los llevaron rumbo a Huitzuco para presentarlos ante quien se identifica como «El Patrón», posible líder de una organización criminal y quien resolvería sobre su destino.

Entre esos estudiantes estaba presuntamente Alexander Mora Venancio, hasta el momento el único joven cuyos restos fueron identificados.

La ruta de las desapariciones, aunque no los vínculos con la policía municipal de Huitzuco, había sido presentada inicialmente en septiembre de 2015 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dependientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). El mandato de este grupo en la investigación del caso Ayotzinapa termina el 30 de abril, luego de más de un año de trabajos.

Esta nueva versión ya se integró al expediente del caso y la CNDH exige que se investigue de inmediato los hechos registrados en el Puente del Chipote.

La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que ya estableció medidas cautelares «necesarias e idóneas» para preservar la seguridad y la integridad del testigo y de su familia.

Hasta ahora, las investigaciones de la PGR indican que los 43 jóvenes se enfrentaron con la policía municipal de Iguala, quienes los confundieron con miembros de la organización criminal Los Rojos y los entregaron con su banda adversaria, Guerreros Unidos, quienes habrían matado e incinerado a los normalistas en el basurero de Cocula.