Seis directivos de Vitaldent, a la cárcel

El presidente de Vitaldent, Ernesto Colman, y la trama que dependía de él obtenían al año 17.250.000 euros solo del canon o «impuesto revolucionario» que cobraban a las 146 clínicas propias, una cuota de diez mil euros mensuales por centro, en metálico, y por supuesto, en negro, es decir, opacos para Hacienda. Buena parte de ese dinero se enviaba año tras año, al menos desde junio de 2012 a Luxemburgo, tal y como aparece en el último informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) recogido en el auto de prisión. La titular del Juzgado número 2 de Majadahonda envió ayer al todopoderoso empresario de los dientes y a otros cinco directivos de Vitaldent -el vicepresidente Bartolo Conte, el abogado Julio Nicolas Sisinni, los hermanos Javier y Óscar Arteaga y la directora de Operaciones Yolanda Copete- a la cárcel.

La juez impuso prisión sin fianza, como pidió el fiscal Anticorrupción, al considerarlos el núcleo duro de la trama de blanqueo y fraude a la Hacienda Pública. La Policía había puesto en libertad previamente a otros cuatro arrestados. La magistrada acordó además poner en libertad sin fianza a Luis María Aranda, Miguel González-Blanch, María Jesús Lago e Iván Martínez. Les impuso la retirada del pasaporte y la comparecencia en el juzgado.

A Ernesto Colman y el resto de directivos los acusa de ser «autores o cooperadores» necesarios de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa, delito contable y organización criminal y justifica la medida de prisión, entre otros motivos, en evitar que se fuguen de España.

La titular del Jugado número 2 de Majadahonda, María Isabel Serrano, acordó la medida de prisión pese a que hace siete meses decidió archivar la causa al considerar que no existía delito fiscal, como sí argumentó la Fiscalía Anticorrupción. Los fiscales Juan José Rosa y José Grinda recurrieron y la causa volvió a abrirse y prosiguió hasta desembocar en las 13 detenciones del martes y la incautación de dos centenares de casas y fincas, dos Sicav y fondos millonarios.

Paraísos fiscales

El auto de prisión de los directivos de Vitaldent describe con exhaustividad la actividad defraudatoria que estaban llevando a cabo con respecto a los franquiciados, clientes y pacientes de los centros médicos, así como a Hacienda. El fin de esta actividad era desvincularse del origen del dinero «mediante operaciones ficticias y la utilización de sociedades instrumentales radicadas en España, Holanda, Suiza o Luxemburgo». Según las investigaciones, la trama cuenta con activos y propiedades en estos países, así como en Portugal, Italia, Estados Unidos, Polonia, Argentina y Uruguay. A todos ellos se han librado ya las correspondientes comisiones rogatorias para que bloqueen los activos y proporcionen información sobre los bienes de los que disponen.

Las investigaciones -y así consta también en el auto- han puesto al descubierto la existencia de una contabilidad B, que fue denunciada hace tres años por un franquiciado de Sevilla. Esa «caja B» se nutría de un sistema de producción de dinero mensual y anual negro. Al inicio, cada clínica elegía cuánto ocultaba a Hacienda y de esa cantidad entregaba un diez por ciento a la organización. Después el sistema se perfeccionó y se fijó un canon o «impuesto revolucionario» de diez mil euros al mes a las clínicas propias y a algunos franquiciados de confianza (unos 146, como se ha citado). El aderezo final de este fraude masivo fue crear un sistema informático «ad hoc» para reflejar ambas contabilidades y además otro de recaudación de dinero en metálico, almacenamientos en cajas de seguridad y desvío a paraísos fiscales.

El entramado societario creado para sustentar el sistema también se detalla con dos categorías de sociedades de las que cuelgan hasta una quincena de empresas. La mayoría no tienen nada que ver con los dientes, sino que son propietarias de bienes muebles e inmuebles en España y en el extranjero. Cita la juez un informe del perito de la Agencia Tributaria del pasado enero en el que concluye que «sin duda se está defraudando», aunque no se puede hacer un cálculo aproximado. Más precisos son los peritos de Hacienda adscritos a la Fiscalía, quienes aseguran que la deuda tributaria de Ernesto Colman supera los 120.000 euros en tres años distintos y, por tanto, sí existe delito fiscal.

Así blanqueaban

En las escuchas telefónicas, la Policía ha confirmado la existencia de los pagos en B, por parte de franquiciados de confianza como los hermanos Arteaga; los viajes a Madrid para pagar el canon -hay una escucha de finales del año pasado en la que se reclama a varios que se pongan al día con el pago-. Las intervenciones revelan también que la facturación ficticia y menor que la real se traslada a otros países; que no se factura con IVA, que se saca dinero al exterior simulando prestaciones de servicios en otro país e igualmente se factura de forma falsa. Cuando el dinero ya está en terceros países se retorna a España, simulando actividades y relaciones comerciales. A la cabeza del tinglado «y en un plano de superioridad», Ernesto Colman.