Una médica y una enfermera, agredidas en Mallorca por la paciente a la que estaban atendiendo

El Servicio de Salud del Gobierno balear ha ofrecido apoyo jurídico y psicológico a las dos profesionales, que han presentado una denuncia ante la Policía Local de Palma

Josep María Aguiló

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Una médica y una enfermera del Dispositivo de Intervención Rápida (DIR) de Atención Primaria de Mallorca han sido agredidas este viernes en Palma, cuando intentaban reanimar a una mujer que estaba inconsciente en el aparcamiento del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP) Escola Graduada, ubicado en la capital balear.

Según ha informado la Consejería de Salud del Gobierno balear a través de un comunicado, los hechos han tenido lugar esta mañana, cuando el equipo del DIR se ha trasladado al aparcamiento del citado centro escolar después de recibir una llamada pidiendo asistencia. «Cuando intentaban reanimar a la paciente , que estaba inconsciente, ésta ha dado un puñetazo a la enfermera, y cuando la médica ha intentado intervenir para defender a su compañera, la paciente le ha dado tres puñetazos», señala la nota.

Las sanitarias han avisado entonces a la Policía Local, que se ha presentado en el lugar de los hechos y ha conseguido reducir a la agresora. Dicha mujer ha sido trasladada posteriormente a un centro hospitalario. Por su parte, la enfermera y la médica han presentado una denuncia en el cuartel de la Policía Local de Palma.

«La Consejería de Salud, el Servicio de Salud y la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca condenan enérgicamente cualquier agresión, sea verbal o física, a los profesionales del sistema sanitario público», recalca el comunicado. Por su parte, el Servicio de Salud ha activado el protocolo previsto para estos casos, con asistencia sanitaria y apoyo jurídico y psicológico a las profesionales afectadas.

Cabe recordar que desde la última reforma del Código Penal, en marzo de 2015, el personal sanitario es considerado «autoridad pública», lo que supone que en caso de recibir una agresión se prevé una condena de hasta cuatro años de prisión para el agresor. «El Servicio de Salud exigirá el máximo rigor en la aplicación de la condena», concluye la nota.

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