Los donantes vivos de órganos reclaman una baja similar a la de la maternidad

Con apenas tres años María (nombre ficticio) tuvo que ser sometida a un trasplante hepático. Su padre no dudó en donarle parte de su hígado después de que las pruebas confirmaran que era un donante vivo compatible. «Ahora la niña tiene ocho años y está muy bien», afirma Juan, que prefiere utilizar un nombre ficticio, ya que aquella intervención le costó su puesto de trabajo. Para poder realizarse las pruebas Juan pidió unos días de baja y otros de vacaciones. Una semana después de la intervención fue llamado al despacho del director de Rercursos Humanos de la empresa en la que trabajaba y le despidieron.

La Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos (Hepa) estima que alrededor de 430 personas se convierten en donantes vivos de órganos cada año en España.

«Nos consta que un porcentaje alto tiene problemas laborales o han perdido su puesto de trabajo al considerarse que este tipo de intervenciones son voluntarias», explica a ABC el presidente de Hepa, Luis Torres.

Esta falta de protección laboral del donante vivo fue denunciada recientemente por el todavía responable de la Organización Nacional del Trasplante (ONT), Rafael Matesanz. Durante su última comparecencia pública en el marco de la XIV Reunión Nacional de Coordinadores de Trasplante y Profesionales de la Comunicación, Matesanz pidió una protección social y laboral similar a la que tiene la mujer durante el embarazo y postparto para evitar que la persona pueda ser despedida durante el proceso de donación.

«Los donantes tienen que perder muchos días de trabajo por las pruebas médicas y el postoperatorio, cuando en realidad no son los enfermos. Ante la falta de protección, algunos médicos de familia les dan una baja por estrés para que puedan realizar la donación», explica Torres, cuya asociación ha decidido sumarse a la demanda de Matesanz para que estas personas puedan gozar de «una baja similar a la de la maternidad por un plazo de tres meses». «Se trata de una solución relativamente sencilla y pone un poco de humanidad a estas situaciones conflictivas», explica el presidente de Hepa.

Esa protección afectaría a unos 400 donantes de riñón y unos 30-40 de hígado al año, una cifra «numéricamente baja», pero que —a juicio del director de la ONT— ayudaría a potenciar la donación en vivo, que ha sufrido un descenso en los dos últimos años.