«Cerré la tienda y aún lucho contra la multa por no rotular en catalán»

Manuel Nevot es un célebre a su pesar en la historia de los ciudadanos que han plantado cara a las multas que la Generalitat impone a comerciantes que no rotulan sus locales en catalán. En 2007 le impusieron una sanción de 400 euros porque el rótulo principal de su inmobiliaria, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) rezaba «Fincas Nevot» y aunque en su escaparate también lucía otro letrero más pequeño en catalán, no se libró de la multa. 400 euros. Recurrió contra la Generalitat, perdió un juicio en primer instancia y presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en 2010, auxiliado por la entidad Convivencia Cívica. Aún espera respuesta, informa Janot Guil.

Su caso saltó a la fama en 2008, cuando el entonces candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, lo sacó a colación en un «cara a cara» electoral en televisión con Zapatero.

Al poco, a Nevot le llenaron su tienda de pegatinas y pintadas animadas por el independentismo. «Fascista», «vete a casa», le decían él, nacido de una familia catalana que lleva cuatro generaciones en Vilanova. Hasta le rompieron el rótulo en cuestión.

A sus 80 años, Nevot sigue esperando justicia. «Cerré el comercio hace tres años, pero aún lucho contra la multa», explica a ABC. Por no pagar 400 euros de sanción lleva gastados 20.000 en abogados y «papeleo». «Hubiera pagado, pero no me daba la gana que pisotearan mi dignidad».

El de Nevot no es el único caso. Y se acumulan año a año. Según datos que facilitó la consejería de Empresa a preguntas del PP, la Generalitat informó hace pocos días de que en 2015 recaudó un total de 140.000 euros en multas por no rotular en catalán. Casi el triple de la recaudado en el año anterior, 2014, que fueron 51.350 euros.

La Generalitat, pues, prosigue su guerra al castellano con más brío, si cabe, al calor del «procés» independentista. El Tribunal Constitucional podría acabar con esta política punitiva que no tiene parangón en otras comunidades autónomas con dos lenguas oficiales. Pero el alto tribunal acumula más de 5 años sin resolver sendos recursos contra la ley que ampara la sanciones –la Ley 2010 del Código de Consumo de Cataluña–que presentaron el PP y el Defensor del Pueblo.

«Indignante»

«Es indignante. Desde que me pusieron la multa me he vuelto un radical y sólo uso el castellano para dirigirme a la administración catalana», se confiesa Ángel Centeno, que hasta titubea al indicar el año en que le multaron. «Estaba Montilla (PSC) de presidente de la Generalitat, seguro», apunta. Y es que el segundo tripartito PSC-ERC-ICV superó incluso al gobierno de Pujol en multas impuestas.

Centeno fue sancionado con mil euros por no rotular en catalán su comercio, también una agencia inmobiliaria. Se la impuso una inspectora pero sabe que la iniciativa partió de un ciudadano que denunció a varios establecimientos.

Tras un recurso y un juicio, Centeno acabó pagando, aunque si hubiera aguantado un par de meses, se habría librado. Una sentencia de 2012 anuló por defectos de forma algunas multas impuestas al amparo de una ley de 1993. Una norma que en 2010 fue derogada y sustituida por la ley de 2010 aún vigente. Centeno pagó, pero no se rinde. «No he cambiado el rótulo», confiesa con orgullo.