Sociedad
La Justicia balear anula la decisión del tripartito de que todos los inmigrantes tengan tarjeta sanitaria
La portavoz del Gobierno balear, la socialista Pilar Costa, ha anunciado este viernes que recurrirán la decisión judicial
La portavoz del Gobierno balear, la socialista Pilar Costa, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo regional recurrirá ante el Tribunal Supremo la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) que anula una instrucción de 2015 que supuso que los inmigrantes sin permiso de residencia pudieran volver a tener la tarjeta sanitaria. «Garantizaremos la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos de Baleares, independientemente de su origen y de su situación administrativa», ha dicho Costa. Cabe recordar que en esta legislatura la presidenta de la Comunidad es la socialista Francina Armengol, que gobierna con el apoyo del PSOE, MÉS y Podemos.
Según ha trascendido este viernes, el pasado martes el TSJIB dictó una sentencia que anula la instrucción del director general del Servicio de Salud de 17 de julio de 2015 por la que se establecían, con carácter de urgencia, los trámites que se tenían que llevar a cabo con el objeto de garantizar el derecho al acceso a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras sin recursos económicos suficientes, en el ámbito de gestión del Servicio de Salud de las Islas Baleares.
Según el Govern, gracias a dicha instrucción un total de 8.281 personas inmigrantes han recuperado hasta hoy la tarjeta sanitaria, lo que les permite el acceso gratuito a la atención primaria, a la atención hospitalaria y a la prestación farmacéutica. Costa ha explicado que las tarjetas de todas esas personas seguirán vigentes, ya que la sentencia del TSJIB no es firme, y ha añadido que continuarán tramitándose las que ya han sido solicitadas.
La sentencia del TSJIB da respuesta al recurso contencioso-administrativo presentado en su momento por el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, contra la citada instrucción del Govern. Según la Abogacía del Estado, la decisión tomada hace dos años por el Servicio de Salud contravenía el Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Según el mencionado fallo del TSJIB, hubo una «clara extralimitación competencial» en la instrucción impugnada y también se produjo « un claro quebrantamiento del principio de jerarquía normativa». En ese contexto, la sentencia recuerda que la ley «reconoce únicamente al Estado y no a las comunidades autónomas la competencia para definir el concepto de asegurado y beneficiario del sistema nacional de salud».
Por su parte, Costa ha recordado este viernes que tanto el Estatuto de Autonomía como la Ley de Salud de las Islas Baleares garantizan el derecho al acceso a un sistema sanitario público de carácter universal . La portavoz del Ejecutivo regional ha hecho un llamamiento al Gobierno central y al Partido Popular para que deroguen el Real Decreto Ley 16/2012, que a su juicio determina «uno de los recortes sociales más injustos, ineficaces y peligrosos» de los que se habrían aplicado durante los últimos años.
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