Veinte patrocinadores aportaron dos millones para convertir la Casa de los Artistas en asilo

La Fundación Club de Leones ha invertido 5,6 millones en la restauración de la Casa de los Artistas, ubicada en el palacio de los marqueses de Torrenueva, un edificio del siglo XVIII que el Ayuntamiento le dio en concesión en 1998 por un plazo de 50 años para su uso como asilo. Del total del presupuesto, la fundación adeuda 1,8 millones a la constructora Cartuja Inmobiliaria, con la que ha acordado un plan de pago. Otros dos millones fueron aportados por personas físicas y jurídicas como patrocinadores-partícipes con la condición de poder usar habitaciones del asilo. Algunos de ellos reclaman en los tribunales a la fundación la devolución del dinero que entregaron por no poder disponer de las plazas, aunque las obras acabaron en 2014, contando el asilo con licencia de ocupación y apertura.

Club de Leones acusa a la Fundación Gerón, a la que cedió la explotación del asilo, de no querer abrir la residencia «porque dice que ahora no le salen las cuentas si tiene que pagarnos un canon de 185.000 euros anuales». Por otra parte, el Juzgado Mercantil 2 de Sevilla ha declarado el concurso de acreedores necesario de la Fundación Club de Leones a raíz de la demanda de uno de los patrocinadores, Manuel Caracuel, que le reclama más de 200.000 euros.

Los patrocinadores partícipes que han demandando a la fundación dicen que pagaron un dinero a cambio del disfrute de una cama en la residencia de mayores. Sin embargo, la fundación, presidida por Miguel Gallego y defendida por el letrado Aurelio León, mantiene que el contrato sólo daba preferencia en el acceso a las camas —dos por habitaciones—, aunque deberían pagar una asignación mensual por los servicios.

En uno de esos contratos, al que ha accedido ABC, se indica que el Ayuntamiento adjudicó la Casa de los Artistas al Club de Leones de Sevilla, concesión que entregó en 2001 de forma gratuita a la Fundación Club de Leones. Muchos de los patrocinadores entregaron 83.161 euros (IVA incluido al tipo del 16%), lo que les facultaba, según el contrato, «al uso compartido de una habitación (con dos camas) y el disfrute de todos los servicios comunes de la residencia, conforme a la normativa vigente en la materia y durante todo el tiempo de la concesión y sus prórrogas», aceptando la forma de pago prevista. Una vez cumplidas por el patrocinador-partícipe todas sus obligaciones, la fundación se comprometía a entregarle las llaves de la habitación y la acreditación como residente, quedando obligado a integrarse en una comunidad de patrocinadores cuando se ponga «en marcha la residencia una vez construida». Asimismo, los partícipes aceptaban «sostener y sufragar sucesiva y proporcionalmente los gastos de conservación y servicios desde el momento» en que se pusiera en marcha la residencia.

Gallego afirma que los patrocinadores eran una veintena, pero sólo han acudido a los tribunales seis «que han incumplido el contrato, ya que no terminaron de aportar el dinero necesario para construir el asilo y tampoco se han integrado en la comunidad de patrocinadores-partícipes».

Algunos patrocinadores-partícipes han logrado en los tribunales que se les devuelva el dinero tras varios juicios en los que no compareció la fundación. Mientras que Gallego asegura que no pudieron defenderse porque nadie les comunicó nada, los demandantes afirman que se les notificó los juicios en domicilios privados y profesionales de sus directivos.

A juicio de Manuel Jiménez Portero, uno de los demandantes, «se ha producido una compraventa camuflada de habitaciones, ya que no podían vender porque el Ayuntamiento en su día expropió a familias y comerciantes que ocupaban el edificio para interés publico, mientras que el asilo es de uso privado». La fundación declara que la Audiencia ha negado tal extremo al rechazar una querella de algunos patrocinadores por no ver indicios penales.