Objetivo: evitar más contratos a dedo

El grupo parlamentario popular defenderá este miércoles en el Parlamento andaluz una Proposicion no de Ley para regular la provisión de puestos de trabajo ocupados por profesorado funcionario de carrera adscrito en los centros directivos de la administración pública y en centros educativos conveniados con la Junta de Andalucía.

Se trata de una iniciativa que será defendida por la portavoz de Educación del PP en el Parlamento andaluz, Patricia del Pozo, y que presentan para evitar que vuelvan a producirse abusos en los contratos como los que tuvieron lugar en el Polígono Sur de Sevilla con la contratación de la hija de un exalto cargo y que provocaron que la Consejería tuviera que abrir una investigación y una profunda crisis en la delegación provincial de Educación.

La iniciativa, que será defendida en comisión parlamentaria ante la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, recuerda que las contrataciones realizadas en el Comisionado del Polígono Sur de Sevilla provocaron el cese inmediato de varios funcionarios docentes adscritos que realizaban tareas administrativas a mediados de julio. Posteriormente la renuncia del secretario general técnico y finalmente las destituciones de la jefa de Ordenación Educativa y del Jefe de Recursos Humanos así como la renuncia del propio jefe del servicio de Inspección.

Ante esa situación, los populares defienden la necesidad de «poner orden» debido a la «poca transparencia» que existe en la provisión de esos puestos docentes que se crean en el marco de los convenios que tiene suscritos la Consejería de Educación con distintas entidades públicas y privadas. Y también que es necesario acabar con «el abuso y falta de regulación que la propia consejería de Educación viene cometiendo en relación con el sistema de adscripción de funcionarios docentes y en comisión de servicio para tareas de gestión y administración en los servicios centrales y provinciales de la Junta de Andalucía.

El objetivo debe ser, según el PP, es que la provisión de estos puestos de trabajo se rija por los principios constitucionales de mérito, capacidad, igualdad y transparencia.