La Fiscalía investiga si Mercado Provenzal amenazó a los franquiciados

La Fiscalía Sevilla indaga si la Sociedad Franquiciadora Mercado Provenzal cometió presuntos delitos de extorsión, amenazas y coacciones, contra los propietarios de los locales de estos establecimentos de venta de cerveza low cost que cerraron sus puertas el pasado verano y a los que cortaba el suministro si no pagaban los royaltis.

Los últimos tres locales que quedaban en Sevilla (en la Alameda de Hércules, Nervión y Reina Mercedes) rescindieron su contrato con la empresa de cerveza que ofrecía la caña a 0,40 céntimos porque el negocio resultó deficitario. Y uno de ellos se decidió a llevar el asunto a la vía penal contra la franquiciadora porque, según la denuncia formulada por el despacho LBO Abogados, les amenazaban con no servirles más cerveza si no pagaban un canon mensual de 1.750 euros.

Ahora la Fiscalía ha abierto una investigación y ya ha solicitado a la denunciante una copia del contrato que en su día realizó con la franquiciadora.

Según la denunciante, la franquiciadora les obligaba a pagar un canon mensual de 1.750 euros para el uso de la licencia de la marca, de uso, asesoramiento, asistencia y supervisión. Un canon que, en ningún caso, incluía el corte de suministro de cerveza. La franquiciadora, constituida en 2012 y que llegó a tener entre 2013 y 2014 hasta ochenta bares en toda España, fue un negocio que no funcionó y acabó con el cierre de la mayoría de ellas. En Sevilla las últimas cerraron el pasado julio cuando los propietarios rescindieron el contrato y cambiaron el negocio. La web no tiene movimiento hace meses.

Según los hechos puestos en conocimiento del fiscal, cuando los propietarios de los bares se retrasaban en lo pagos, la empresa les remitía un email, realizaba una llamada o visitaba el establecimiento con una clara advertencia: «Si no paga el royalti no sirven mas cerveza». Algo que provocaba que los propietarios se vieran coaccionados al verse «sin el principal producto de su negocio», lo que además les provocaba «una pérdida de beneficio e imagen considerable».

Los establecimientos no podían buscar otro proveedor porque se había fijado una cláusula penal por valor de 150.000 euros si ofrecían productos de otra marca distinta, algo que colocaba a los locales en una difícil situación. Ante tal encrucijada, los propietarios, según la denuncia, se vieron obligados a ceder en contra de sus voluntades y seguir pagando el royalti para poder continuar con el negocio abierto «aún a costa de dejar de pagar otro conceptos» como el arrendamiento, el suministro de agua o la electricidad.

Y todo ello pese a que según argumentan, el pago de esos royaltis no conllevaba en ningún caso el corte del suministro de cerveza que era su «principal activo y reclamo». Un tema que, según dicen, va más allá de los incumplimientos contractuales y «cae de lleno en unos hechos presuntamente delictivos» ya que la franquiciadora sabe que «sin cerveza el negocio no funciona». «No se trata de que no sirvan cerveza por impago, que debiera ser lo normal y razonable. es que el suministro del motor del negocio lo tiene controlado de manera monopolística y si no pagan el royalti, que nada tiene que vez con la cerveza, cortan el suministro», dice la denuncia de LBO Abogados. El fiscal ha dado el primer paso para decidir si es o no delito.