Espadas aplaza la salvación de Mercasevilla para comprar dos edificios

Ni habrá ampliación de capital de Mercasevilla, una operación vital para la supervivencia de la lonja pública sevillana, ni centro de operaciones para la Policía Local en la Ranilla. El alcalde, Juan Espadas, pretende sacrificar una larga lista de partidas presupuestarias para comprar la Casa Fabiola a la Fundación Lara por 4,5 millones de euros y, como adelantó ayer ABC, el edificio que tiene la Junta en la Plaza Nueva por 6,08, éste último de manera parcial. Para el gobierno socialista es prioritaria la adquisición de estos inmuebles, hasta el punto en que ayer convocó una Junta de Portavoces para anunciar que hoy se celebrará un Pleno urgente y extraordinario con la intención de aprobar esta medida. La oposición no se manifestó ayer porque pidió tiempo para estudiar el expediente, pero a última hora de la tarde la negativa era generalizada, por lo que es posible que la propuesta socialista, presentada de forma apresurada y por sorpresa, no prospere.

En total, la operación que quiere hacer Espadas asciende a 10,58 millones de euros, por lo que necesita hacer una macromodificación presupuestaria quitando dinero de diversas áreas. La partida más importante es una de 3,5 millones que tendría que ir destinada a la ampliación de capital del Merca. El Gobierno considera que existe una «imposibilidad material en lo que resta de año, ante la espera de Mercasa hasta que haya nuevo Gobierno de la Nación y nuevo presupuesto, de realizar una nueva ampliación de capital» y asegura que este crédito volverá a consignarse en 2017. Sin embargo, la situación de la lonja es extrema, ya que se encuentra en concurso de acreedores, y su futuro necesita garantías económicas. Además, se detraen otro 800.000 euros de inversiones en parques y jardines, 700.000 euros para escuelas taller, 211.000 euros para la Policía Local —60.000 de ellos para el nuevo centro de operaciones— o 150.000 euros para rehabilitación de viviendas del Parque Alcosa, entre otras partidas.

El gobierno pretende llevar a cabo esta operación para reubicar la colección Bellver en la Casa Fabiola, actual sede de la Delegación de Hacienda gracias a un contrato de alquiler con la propietaria, la Fundación Lara, firmado por el anterior gobierno por cuatro años a razón de 100.000 euros al año más IVA. Ese contrato se hizo para reubicar a más de mil trabajadores y supuso entonces un ahorro de 1,37 millones en arrendamientos para el Ayuntamiento, que hasta entonces pagaba 700.000 euros anuales por el edificio de la Encarnación con el que pagó las Setas a Sacyr y que después le realquiló. Además, Espadas quiere comprar una parte, concretamente el 35 por ciento, del edificio de la Plaza Nueva propiedad de la Empresa Pública de Gestión de Activos S.A. como sede unificada de servicios municipales «ahora dispersos para la racionalización y reorganización de espacios públicos». En este inmueble, de 8.383 metros cuadrados, está previsto unificar los servicios de Hacienda, la Agencia Tributaria, Gobierno Interior, Recursos Humanos o Patrimonio dispersos ahora mismo entre varias sedes como el edificio de la calle Pajaritos, el edificio Metrocentro, la Torre de la Plata o la citada Casa Fabiola.

El Gobierno subraya que ambas actuaciones se realizarán sin recurrir a créditos bancarios, por lo que no se aumentará el endeudamiento y continuará su reducción en 80 millones de euros en dos años. Sin embargo, las modificaciones propuestas pegarán un tijeretazo a otras partidas ya consignadas que la oposición no parece dispuesta a asumir.

Varios miembros de la oposición ya recordaron ayer a los socialistas en la Junta de Portavoces que esta compra no es obligatoria y, en cambio, obliga a anular inversiones importantes y prometidas. Además, le recriminaron al Gobierno que la compra el edificio de la Plaza Nueva sólo beneficia a la Junta, pues el Ayuntamiento pagaría 6 millones sólo para ser copropietario con titularidad en apenas un 35 por ciento del inmueble, aunque lo ocuparía entero, por lo que además tendría que pagar un alquiler por el resto, es decir, pagaría un alquiler que ahora no paga y además por un edificio por el que abonará 6 millones de euros.

Las dos modificaciones presupuestarias deben ser aprobadas por el Pleno de la Corporación Municipal hoy, convocado urgentemente porque sólo si se consigue sacar adelante en esta fecha podría ejecutarse la operación antes de que acabe el ejercicio. Y esta prisa ha servido para desvelar algunos datos elocuentes. Por ejemplo, se usarán 1,9 millones de euros de nóminas porque no se han cubierto las vacantes anunciadas. O 377.000 euros previstos para mobiliario urbano que no se ha renovado.