Vuelve a dispararse el registro de demandantes de viviendas municipales

El gobierno local de Sevilla pretende hacer de la política de vivienda una de sus banderas. Por propia motivación ideológica y también por el cumplimiento de sus compromisos programáticos con los dos partidos de izquierda que apoyaron la investidura de Juan Espadas como alcalde, Participa e IU. Ambos pidieron un relanzamiento de esta área y de la empresa municipal de vivienda, Emvisesa, alicaída durante el mandato previo, aspectos en los que el gabinete socialista ha ido respondiendo en mayor o menor medida.

En este sentido, el concejal delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento, Juan Manuel Flores, y el gerente de la Emvisesa, Felipe Castro, presentaron ayer el primer balance de la Oficina Municipal por el Derecho a una Vivienda Digna, que abrió sus puertas el 31 de mayo de 2016 en la avenida de San Jerónimo, un marco en el que se subrayó que son ya 12.000 las personas inscritas en el registro de demandantes hasta diciembre de 2016, un 112% más que en 2014, al haberse «recuperado la confianza en la política de vivienda pública».

«Estamos en el camino y estamos empezando a tener resultados en vivienda, generando además una nueva confianza y esperanza en los ciudadanos en este ámbito en la esfera de lo público y respecto a la labor de Emvisesa», recalcó Flores tras detallar que son 11.986 los sevillanos inscritos, con un crecimiento del 13% entre julio y diciembre y duplicando el dato de 2014.

El registro municipal de demandantes de vivienda en Sevilla ha atendido entre julio y diciembre a 5.505 ciudadanos, la mayoría interesados por inscribirse como demandantes de vivienda protegida. La mayoría de los demandantes son menores de 35 años y ganan menos de mil euros brutos al mes, lo que supone que no alcanzan 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

«El gran reto es darles soluciones para que puedan desarrollar sus proyectos personales y es ahí donde trabajamos», expuso Flores, mencionando a Norte, Cerro-Amate y Este-Alcosa-Torreblanca como las zonas con mayores problemas de vivienda. Concretamente, el 53% pertenecen al grupo de especial protección de jóvenes (6.407 personas), mientras que las familias monoparentales con hijos a cargo suponen el 13,7%, un total de 1.644 sevillanos. También, hay 501 inscritos mayores de 65 años, 427 familias numerosas, 222 víctimas de violencia de género o un centenar de personas en situación de dependencia.

Del total de inscritos, el 41% mostró su preferencia por el acceso a una vivienda protegida de alquiler con opción a compra, mientras que el 34% opta por el alquiler y el 25% aboga por la compra. En todo ello, hay que tener en cuenta que los ingresos del 44% de los inscritos está entre 0,1 y una vez el Iprem, mientras que el 19% no posee ingresos.

Respecto a la antigüedad de la inscripción, cabe destacar que la mitad de los registrados está inscrito desde hace un año o menos. Casi el 80% de las unidades familiares inscritas está compuesta por uno o dos miembros, destacando la preferencia de que el inmueble tenga tres dormitorios. Además, el 1% de los inscritos indicó que existía alguna persona en su unidad familiar con necesidad de vivienda adaptada o bien era un usuario de silla de ruedas.

Castro añadió que en el segundo semestre de 2016 se han abierto 367 expedientes relacionados con familias en riesgo de perder su vivienda, consiguiéndose que en «ninguno de esos casos se produzcan desahucios al procurarse una alternativa habitacional». Ya se han resuelto el 44% de ellos. La práctica totalidad, en Cerro-Amate, Este-Alcosa-Torreblanca o Sur.