BURGUILLOS

Una sociedad municipal quebrada deja a 20 familias de Burguillos al borde del desahucio

La extinta Burguillos Natural promovió viviendas en alquiler, pero entró en concurso de acreedores y les embargaron las cuentas

Cuatro de las veinte familias han firmado un acuerdo para pagar en cuatro años
Cuatro de las veinte familias han firmado un acuerdo para pagar en cuatro años - J.C.R.
JUAN CARLOS ROMERO Burguillos - Actualizado: Guardado en: Cádiz Provincia

Una veintena de familias que habitan en viviendas sociales en régimen de alquiler de protección oficial se encuentran al borde del lanzamiento hipotecario en Burguillos. Las casas se construyeron a través de la extinta sociedad municipal de desarrollo, Burguillos Natural, y cuando ésta quedó en concurso de acreedores en 2009, en los primeros años de la crisis económica, les fueron embargadas las cuentas bancarias, por lo que algunos inquilinos dejaron progresivamente de hacer frente a los pagos mensuales.

Los administradores concursales han pasado a gestionar los activos de la sociedad municipal, y entre ellos estos activos se encuentran las viviendas, por lo que han reclamado a los actuales inquilinos que salden la deuda contraída en los últimos años. Entre los residentes hay vecinos con hijos a su cargo en situación de desempleo y sin recursos para hacer frente al pago en estos momentos, que han anunciado que no pueden ponerse al corriente de los pagos de años atrasados, al tiempo que tratan de seguir abonando las mensualidades de los meses corrientes.

Intentaron negociar

Desde este verano, las familias han tratado de negociar las condiciones de pago con los administradores de la sociedad en concurso de acreedores. En septiembre, presentaron un escrito donde reconocían la deuda y mostraban su disposición para satisfacerla.

A merced de esta negociación, cuatro de las veinte familias afectadas han alcanzado un acuerdo para abonar en un plazo de cuatro años las cantidades que adeudan, sumando cada mes una cuantía a los 134 euros que pagan de alquiler social.

«Nosotros dejamos de pagar noviembre de 2013, fuimos de los últimos y lo hicimos porque habían embargado las cuentas a Burguillos Natural y en La Caixa nos dijeron que parásemos hasta que se aclarase», explica María José Ramírez a ABC Provincia. «Acudimos al alcalde, Valentín López, pero no nos daba solución alguna», lamenta esta vecina, una de las cuatro propietarias que ha suscrito el acuerdo con los administradores.

Para otras familias, las condiciones son inasumibles, y han valorado abandonar sus hogares. «A los que no puedan pagar parece claro que los echan, y todo entendiendo que la deuda es nuestra y tenemos que pagarla porque esto es un alquiler, pero comprendo que hay quiénes deben mucho dinero porque dejaron de pagar antes, y ahora lo tienen muy difícil», asegura esta desempleada madre de dos niñas de 8 y 11 años.

«Mi contrato seguirá en vigor, y aunque los administradores vendan nuestras casas, con el acuerdo que hemos firmado podremos disfrutar de ellas por lo menos los 25 años que estaban estipulados cuando firmamos el contrato en junio de 2007», abunda.

Hay que remontarse al mandato del ex alcalde socialista José Juan López, que se encuentra en prisión por un delito continuado contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística, cuando el planeamiento urbanístico pasaba por esta sociedad, que acumuló una deuda de más de 50 millones de euros antes de entrar en suspensión de pagos. Intervenida judicialmente desde 2009, los acreedores tratan de recuperar su dinero.

El exalcalde acusa

Para el ex alcalde popular, Domingo Delgado, que gobernó entre 2011 y 2015, el consistorio es corresponsable de esta situación desencadenada por la gestión de Burguillos Natural. «El alcalde no puede lavarse las manos y dejar que desahucien a 20 familias vulnerables de sus hogares» asegura Delgado, que insiste en la necesidad de que el actual regidor reciba a todos los inquilinos e intente mediar entre las partes para conciliar los intereses y solventar el conflicto.

«Las condiciones de pago son inasumibles para buena parte de los inquilinos, y en enero o febrero si no llegan a suscribir un acuerdo, deberán abandonar estas viviendas», concluye el concejal popular.

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