La gente y los gritos

En Cádiz, como en algunos otros ámbitos en los que alcanzaron el poder, los integrantes de las formaciones ligadas a Podemos o Ganemos llegaron a conquistar su actual representación con la bandera de la pobreza y el auxilio a los excluidos. El tremendo cambio social derivado del 15M convirtió en oferta obligatoria que todas las formaciones estuvieran más y mejor conectadas con la ciudadanía, a pesar del rechazo creciente que la política partidista despierta. El fino hilo de la protesta y la asamblea, de la cantada y contada indignación, se convertía en el único vínculo que mantenía conectadas ambas partes.

Por esa evidencia resulta más llamativo que un creciente grupo de vecinos se considere maltratado por las medidas de contenido social que un ayuntamiento como el gaditano está obligado a sostener de forma permanente. Tan es así que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) hizo un informe demoledor contra las prestaciones de este departamento. Hasta el punto de elevar una denuncia al Defensor del Pueblo de Andalucía por considerar que se violaban los derechos básicos de los usuarios, de los vecinos.

Por más que los propios denunciantes traten de quitar hierro y dar a su sonora queja un barniz constructivo, cabe reprochar a los gobernantes que un colectivo de esa naturaleza diga una vez tras otra que no se adoptan medidas para atender a los vecinos más necesitados, así como a las personas que viven sin techo, deambulando por la ciudad. Son los más vulnerables, son los más necesitados de auxilio y son, además, las personas sobre las que los actuales responsables municipales basaron la mayor parte de sus quejas, de su campaña y de sus promesas de mejora.

Es obvio que la opinión y las experiencias de grupos como Apdha deben ser incluidas para cotejarlas con los criterios de los técnicos de servicios sociales, con los de otros colectivos solidarios, con distintas administraciones. Claro que pueden aportar claridad, información y detección de carencias.

Pero esa función informativa y de colaboración no anula el incumplimiento –no tapa la decepción– que supone la incapacidad de mejorar o, al menos, mantener las prestaciones en una de las áreas más complejas y delicadas de la administración municipal. Más allá de resolver esta cuestión se trata de recordar que la solidaridad se demuestra con la práctica y que gritar denuncias está al alcance de cualquiera. Resolverlas, no.