Puigdemont, en Copenhague el pasado lunes
Puigdemont, en Copenhague el pasado lunes - EFE
Editorial ABC

Llarena acierta de nuevo

El Tribunal Supremo no quiere que su potestad para juzgar a Puigdemont esté limitada por decisiones de jueces extranjeros

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Las tácticas de guerrilla jurídica empleadas por Carles Puigdemont están fracasando una tras otra ante el rocoso y firme planteamiento que el magistrado Pablo Llarena está aplicando a la investigación por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Puigdemont planificó su viaje a la capital de Dinamarca para exponerse a una nueva orden europea de detención y entrega. La razón de esta idea, aparentemente contradictoria con su interés por eludir la acción de la Justicia española, no era otra que ver sometida su libertad de movimiento a cualquier tipo de restricción por decisión de la Justicia danesa y acogerse inmediatamente después a la delegación de su voto en el Parlament. La argucia de Puigdemont consistía en aprovechar la autorización de voto delegado que el juez Llarena concedió al preso Oriol Junqueras por su «incapacidad legal» para acceder personalmente a las sesiones del Parlament.

Además de exhibir un comportamiento cobardón, Puigdemont es un tramposo que ha encontrado en el magistrado Pablo Llarena la horma de su zapato, aunque sus decisiones puedan no ser bien comprendidas inicialmente por una parte de la opinión pública que desearía ver al expresidente catalán detenido y a disposición del Tribunal Supremo. Al revocar la primera orden europea, Llarena privó a Puigdemont de la posibilidad de ser juzgado por delitos menores; al no aceptar la segunda euroorden, como le pedía legítimamente la Fiscalía, Llarena ha evitado que Puigdemont ponga la investigación judicial al servicio de sus intereses políticos. Si los cinco fugados a Bruselas quieren votar por delegación no tienen más que presentarse ante el magistrado Llarena, ingresar en prisión y solicitarlo. Además, nada garantizaba que una segunda orden europea, esta vez ante un juez danés, hubiera tenido más posibilidades que la que se planteó ante la Justicia belga.

El Tribunal Supremo no quiere que su potestad para juzgar a Puigdemont esté limitada por decisiones de jueces extranjeros, aunque al final mande al banquillo al expresidente catalán por acusaciones menos graves que las que se planteaban en la querella de la Fiscalía General del Estado. Tampoco quiere el Supremo que Puigdemont sea quien ponga letra y música a una investigación que está eludiendo con su fuga.

Los separatistas tienen un problema y quieren que el Supremo se lo resuelva. Si los cinco fugados no renuncian a su escaño y tampoco se entregan a la Justicia -y los populistas de Ada Colau mantienen su anuncio de votar en contra de la candidatura de Puigdemont- la supuesta investidura del fugado expresident tendría 65 votos a favor, tantos como en contra y nunca sería investido. Si Puigdemont quiere votar, tiene que entrar en prisión. Así de sencillo se lo ha puesto la Justicia española.