Una embarazada insulta, abofetea y araña a una funcionaria de prisiones

De nuevo este pasado fin de semana, dos funcionarios de prisiones han sido agredidos. Los hechos se produjeron en los Juzgados de Plaza Castilla. El primer incidente ocurrió el pasado viernes, en torno a las 10 de la mañana, cuando una funcionaria fue insultada, abofetada y arañada por parte de una rumana de etnia gitana que estaba embarazada. La detenida comparecía en el juzgado y fue puesta en libertad posteriormente. La agredida la denunció . Tuvo que ser atendida de sus lesiones en los juzgados.

La segunda agresión se desarrolló el domingo en el mismo escenario. Se produjo un forcejeo entre un menor y un funcionario de prisiones. El joven golpeó al trabajador. En esta ocasión, los servicios médicos de Plaza Castilla no se hicieron responsables de su atención.

Los dos funcionarios pertenecen a Soto del Real. En ninguno de los casos se comunicó las agresiones al centro penitenciario. Ambos resultaron heridos con contusiones múltiples, informa el sindicato de prisiones CSI-F-Madrid.

Denuncian indefensión

«Desde CSI-F Prisiones denunciamos que estas agresiones hacia los funcionarios están convirtiéndose en habituales ante la pasividad de la administración. Consideramos que estos sucesos ponen de relieve unas penosas condiciones de trabajo y una situación de indefensión, ya que los funcionarios de prisiones no son considerados agentes de la autoridad.

Desde el sindicato solicitan un aumento de la plantilla para que no se produzcan estos incidentes; nuevos protocolos de seguridad en Instituciones Penitenciarias y la inclusión del colectivo en el protocolo de agresiones de la Administración General del Estado. También exigen que la administración se declare de oficio responsable subsidiaria a efectos económicos de los daños sufridos y de los gastos que ocasione la curación de las lesiones, dado que el agresor está bajo la responsabilidad y custodia de la administración. Además, piden la tutela y defensa jurídica a través de la Abogacía del Estado. Para casos graves debe constituirse como acusación particular en defensa de los trabajadores.