Bruselas descarta un precio mínimo para la leche en toda la Eurozona

La reunión que mantuvieron este martes por la tarde en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente representantes de todos los eslabones de la cadena del sector lácteo se antojaba clave para resolver a corto plazo la grave crisis que padece, con los ganaderos como principales afectados de la situación y con Galicia como una de las regiones más pendientes en tanto que la repercusión social es mayor que en el resto de España. Por ello, durante todo el día se sucedieron las declaraciones de los diferentes actores implicados para valorar el encuentro, incluso en las horas previas a que se produjese. Tal fue el caso de la Consellería de Medio Rural e do Mar, cuya titular, Rosa Quintana, manifestaba ya por la mañana su convencimiento de que la cita traería «buenas noticias» para todo el sector.

En el mismo sentido, celebró que la reunión transcurriese «al más alto nivel», al ser presidida por la ministra Tejerina, a fin de buscar una batería de medidas satisfactoria.

El mazazo llegaba de la mano de Bruselas. La Comisión Europea, pese a admitir la «volatilidad de precios» en el sector lácteo y reconocer que está «al tanto de la difícil situación a la que se enfrentan los productos de diferentes sectores en varios estados miembros», descartaba «a priori» la idea de introducir un precio mínimo para la leche, aprobado por el Gobierno francés y que estudia aplicar España.

«No creo que estemos en el punto de considerar la idea de un precio mínimo para la leche, pero hablaremos de las ideas sobre la mesa en el próximo Consejo (de ministros) de Agricultura», señalaba el portavoz comunitario Enrico Brivio, en clara referencia a la reunión extraordinaria prevista para el 7 de septiembre.

Una noticia que servía de antesala para una cita de la que se habían generado no pocas expectativas y en la que, en la práctica, se dio un paso importante, pues el Ministerio trasladó a todos los agentes implicados —ganaderos, industria y distribución— una suerte de plan de trabajo, un borrador que ahora tendrán que estudiar las partes y en las que cada una se compromete a ajustar sus operaciones en base a unos principios previamente consensuados y cuyo cumplimiento (de alcanzar un acuerdo) sería tutelado por la cartera de Agricultura.

Así, en lo tocante a la distribución ésta se comprometería a dejar de utilizar la leche como producto reclamo, a identificar el origen de la que se comercializa y a hacer públicos los precios que paga. Por su parte, la industria no solo recogería toda la producción de la última campaña, sino que lo haría pagando a unos precios que, al menos, cubrieran los gastos de producción —establecidos de media en los 33 céntimos por litro—. El resto del volumen se pagaría a precios de mercado y se harían públicos. En cuanto a los ganaderos tendrían que organizarse en cooperativas o OPL (Organizaciones de Productores de Leche) para poder negociar todo de forma colectiva.

Según informó la propia ministra, el Gobierno se comprometió ayer a implementar todas «las medidas legales posibles» para apoyar al sector lácteo, si bien entre las iniciativas no se incluye la fijación de un precio mínimo como pedían los productores.

«Decepción» en Galicia

Un paso adelante que sabe a poco entre los ganaderos gallegos. La reunión que calificaban de «clave» ante la situación «agonizante» del sector no tardaba en tildarse de «decepcionante» a la salida. «Hoy esperábamos una propuesta de medidas de choque para cubrir la hemorragia, pero no un TAC o una resonancia», señalaba a ABC el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, al término de la misma. En su opinión, el plan, que «es bueno para los andaluces y valencianos que cobran el litro a 35 céntimos», «excluye directamente a Galicia, donde al productor lo que le preocupa es que no le recojan la producción o le paguen el litro a 23 o 24 céntimos».

En este sentido y respecto a la propuesta presentada este martes en Madrid por la cartera de Tejerina, García se muestra muy crítico con que el ministerio cumpla con un documento que, en definitiva, «deja todo en manos del voluntarismo de las partes y no recoge un código de sanciones». «Nos dicen que hay que ser buenos, porque si no vas al infierno», ironiza.