El fiscal pide el archivo del caso de los asesores de Sánchez porque no hay delito

A Pedro Pacheco le toca guardar de nuevo la botella de champán para una mejor ocasión. Si hace dos semanas hizo el amago de descorcharla al conocerse el auto de procesamiento contra su ya eterna rival, Pilar Sánchez, por supuesta prevaricación y falsedad documental en la contratación de cinco personas afines al Partido Socialista durante su etapa como alcaldesa de Jerez; este periódico supo ayer que el fiscal ha pedido a la jueza instructora el archivo de las actuaciones para los siete imputados: los cinco beneficiados de los contratos bajo sospecha, la exregidora y un técnico del Serjil (Servicio Jerezano de Inserción Laboral). El Ministerio Público responde así al auto dictado por la magistrada del juzgado nº 3 de Instrucción de Jerez: no hay indicios de delito en la conducta de los imputados. O lo que es lo mismo, no hay caso.

Las noticias que afirmaban sin género de dudas que Pilar Sánchez será enjuiciada quedan así disueltas en el limbo de las hipótesis, ya que tras la oposición de la Fiscalía de Cádiz a que la exalcaldesa sea sentada en el banquillo por esta causa, el asunto pierde fuelle. La petición de sobreseimiento del Ministerio Público no significa que las diligencias sean guardadas de inmediato en el cajón; ahora es el turno de la jueza instructora que deberá responder al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía. Quiere decir que si se adhiere a los argumentos del fiscal, dará marcha atrás al auto de procesamiento para dictar el archivo de la causa. También cabe la posibilidad de que los estime parcialmente, dejando fuera del caso a algunos de los implicados, o que ratifique su auto inicial, sin atender así la demanda del Ministerio Público. Hay que recordar que en este procedimiento existe una acusación particular, ejercida por Pacheco, que fue quien planteó la querella inicial contra Sánchez y que ya anunció la semana pasada que también recurría el auto de la jueza, pero en un sentido bien distinto. Pacheco reclama que sean procesados otros asesores que apuntaba en su denuncia, como el marido de Pilar Sánchez y exjefe de Gabinete de Alcaldía, y que amplíe los delitos por los que deberían ser enjuiciados los imputados, incluyendo la malversación de caudales públicos y el tráfico de influencias.

El recurso al que ha tenido acceso LA VOZ analiza uno por uno los cinco contratos -tres de personal laboral y dos de alta dirección- donde la jueza ve indicios de irregularidades constitutivas de delito. Son las únicas contrataciones que han quedado bajo sospecha de las 32 que originariamente denunció Pedro Pacheco efectuadas entre 2005 y 2007. Y en todas ellas el fiscal observa contradicciones importantes en los testimonios de algunos testigos y la ausencia de otras declaraciones que debían haberse efectuado en aras de clarificar la implicación de los siete imputados. Éste es un extracto de los argumentos que emplea el Ministerio Público en cada caso:

África Becerra

La exdelegada municipal de Medio Ambiente (2007-2011) fue contratada en 2005 a través del Serjil para un puesto de técnico medio para proyectos que se adscribiría al Área de Desarrollo Económico y Promoción de la ciudad. Según las pruebas recabadas y a las que alude el fiscal en su escrito, Becerra se interesó por la oferta de empleo junto a otras 48 personas más y en una primera criba quedaron 14 aspirantes que fueron convocados a una entrevista personal. «A continuación se seleccionaron cinco personas cercanas al perfil definido, con experiencia y conocimientos en asesoramiento de empresas en materia medioambiental, constando en las actuaciones el curriculum de cada uno y las valoraciones que se realizaron de los mismos sin decantarse por ninguno en concreto -se refiere a los técnicos del Serjil encargados de hacer las entrevistas- y teniendo igualdad de oportunidades para ser elegidos finalmente por el área ofertante del empleo», asegura en su recurso el fiscal.

Las supuestas irregularidades en esta contratación se habrían destapado porque alguno de los cuatro finalistas a optar por ese puesto declararon ante la Policía que no habían sido convocados a ninguna entrevista. El fiscal analiza con detalle estas declaraciones y observa notables contradicciones entre lo que manifestaron algunos ante los investigadores y lo que posteriormente testificaron ante la jueza. Alguno incluso llegó a dar versiones distintas en cada ocasión. Para el fiscal, dichas entrevistas se realizaron porque en el informe que elaboró en su día el técnico del Serjil imputado en la causa, José María Martínez, «se recogen datos que no constan en los curriculum que aportaron los preseleccionados y que solo se pueden saber si efectivamente se llevaron a cabo las entrevistas».

Rubén Pérez

La Fiscalía argumenta en la misma línea en el caso de este delegado de la UGT en el Consistorio jerezano. Concurrió con éxito a una oferta de empleo para ocupar un puesto de delineante a petición del Área de Viviendas e Infraestructuras en 2005. El proceso de selección fue el mismo que en el anterior caso con 16 candidatos y las irregularidades que se afirman en el auto de procesamiento de la jueza, gemelas a las que ya se relatan: se obviaron a algunos de los preseleccionados a los que no se les hizo la entrevista personal.

Un argumento que nuevamente cuestiona el Ministerio Público esgrimiendo la misma prueba. El informe que elaboró el técnico del Serjil incluye información que no aparecen en los curriculum y que solo pudo obtenerse en un encuentro cara a cara con el aspirante. Además en uno de esos historiales laborales «se puede ver cómo consta anotaciones que realizó la persona que entrevistó al candidato según sus indicaciones».

Dolores Caravaca

Las actuaciones recogen que participó en un proceso de selección del Serjil para cubrir un puesto de agente de dinamización social, vinculado al Área de Participación Ciudadana. Al igual que los otros dos contratos, «las irregularidades vendrían dadas, como dice el auto de procesamiento, porque algunas de las personas que concurrieron a la convocatoria niegan ser entrevistadas». El fiscal alega de la misma manera que en los otros dos casos ya analizados para concluir que: «En relación a las tres contrataciones realizadas a través del Serjil, de las diligencias de pruebas practicadas, se evidencia de forma objetiva y clara, sin necesidad de interpretaciones subjetivas, la atipicidad de los hechos descritos, careciendo de apariencia delictiva».

Pilar Sánchez

El personaje central, el verdadero objetivo de Pedro Pacheco cuando planteó la querella en respuesta a la denuncia que había formulado Sánchez ante la Fiscalía por el otro caso de los asesores. Un asunto que sí le ha valido al otrora líder del Partido Andalucista una petición de pena del Ministerio Público de 17 años de cárcel.

Pero en este asunto, el fiscal no ve conducta delictiva imputable a Pilar Sánchez, incluso la aleja de las contrataciones que se hicieron a través del servicio municipal de empleo. «No participó en el proceso de selección como consta en las actuaciones, siendo las áreas mencionadas del Ayuntamiento las que demandan un puesto de trabajo, las que una vez realizada una preselección por parte del Serjil a través de Recursos Humanos, las que deciden la contratación». Y aunque hubiera participado, prosigue el fiscal, para que hubiera incurrido en un delito de prevaricación debería haber adoptado una resolución contraria a Derecho, «pero la mera irregularidad administrativa o la discordancia interpretativa de las normas no es bastante».

José María Martínez

Con respecto al técnico del Serjil, el fiscal subraya que este empleado no «adoptó ninguna resolución de carácter ni final o decisoria ni decisiva» a la hora de elegir a los candidatos para entender que fue cooperador en el delito de prevaricación. Las propuestas que elevaron a las distintas áreas que demandaban los puestos incluían hasta seis candidatos. «Su actuación se limitó junto a otros dos técnicos a preseleccionar».

En la misma línea se pronuncia sobre las tres personas que fueron contratadas. No tuvieron ninguna influencia en el proceso de selección; por tanto, no se les puede imputar delito alguno.

Francisco Gil y Rosario Cano

Ambos fueron contratados bajo la modalidad de alta dirección donde sí hubo una participación directa de la exalcaldesa, según recoge el fiscal en su recurso. El Ministerio Público reconoce que en la fecha en la que se firmaron ambas altas laborales «existía una legislación difusa» que regulara la entrada de personal adscrito a tareas de gerencia. Lo habitual es que estos altos cargos fueran elegidos por criterios de confianza política y personal. Así, ambos imputados declararon ante la jueza que habían recibido la llamada de la alcaldesa para que ocuparan los puestos de coordinador de Fomento y Desarrollo y coordinadora general de Gabinete de Alcaldía. El fiscal ha analizado los expedientes profesionales de ambos y concluye que casan con los puestos que iban a desempeñar. «En el nombramiento de este tipo de personal directivo se conjugan razones de confianza con la posesión de ciertos requisitos de capacidad, ya acreditados, más que por un sistema abierto de selección». Y no encuentra los requisitos para calificar estas contrataciones de un acto de prevaricación, y que sería «la arbitrariedad, el capricho o la grosería» de la decisión acordada.

Por último, el fiscal no descarta que pudiera depurarse alguna responsabilidad pero en la vía Contenciosa. Pero sin penas de cárcel en juego, Pacheco quizás no sacie su sed de venganza.