Fachada del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
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Investigan el desvío de subvenciones otorgadas al anterior Gobierno de Vejer

La Guardia Civil pide al Ayuntamiento la documentación de una decena de obras no ejecutadas y que recibieron 1,4 millones

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La Guardia Civil ha requerido al Ayuntamiento de Vejer la documentación de una decena de expedientes sobre obras subvencionadas con fondos europeos que no se ejecutaron.

Los agentes actúan a petición de la Fiscalía de Cádiz, que ha abierto diligencias para esclarecer el presunto desvío de más de un millón de euros que recibió el municipio vejeriego entre 2007 y 2011, cuando gobernaba el PSOE.

Esta mañana, varias informaciones señalaban que el Consistorio podía estar siendo registrado por los agentes. Sin embargo, el portavoz del Gobierno local, Daniel Sánchez (PP), desmentía esta noticia y confirmaba que el Ayuntamiento estaba remitiendo la documentación a la Comandancia de Cádiz desde hacía tres meses.

Fuentes judiciales confirmaron que la investigación del Ministerio Fiscal es consecuencia de la denuncia planteada por el Gobierno local a finales del año pasado.

Esta acción judicial se aprobó en la comisión de investigación que creó el nuevo equipo del PP pocos meses después de hacerse con la Alcaldía en 2011.

El portavoz municipal recuerda que nada más asumir el Gobierno, «comenzaron a llegar los requerimientos de distintas administraciones para la devolución de subvenciones porque no se habían ejecutado los trabajos».

El Consistorio tuvo que devolver las ayudas más los intereses

Las reclamaciones procedían del Estado (Ministerio de Fomento y de Industria), de varias consejerías de la Junta y de la Diputación provincial que habían aprobado cofinanciar proyectos, usando también fondos europeos de cohesión, como la ampliación del campo de fútbol; la construcción de la segunda fase del polígono industrial Cañada Ancha o la redacción del PGOU. Según explica Sánchez, el Consistorio tuvo que devolver el importe de las ayudas, más los intereses de demora.

Desde las filas socialistas, su portavoz, Francisco Javier Gavira, reconoció en la comisión de investigación que ese dinero se había empleado para cubrir otras obligaciones como el pago de la nómina municipal, negando que hubiera servido para lucrar a terceros.

Pilar Sánchez, precedente

Nuevamente se pone de manifiesto cómo los ayuntamientos esquivaron sus crisis de tesorería tirando de la liquidez proporcionada por subvenciones concedidas para otros objetivos. En la comisión de investigación, que duró dos años y a la que se negó a acudir el exalcalde Antonio Verdú, el PSOE justificó este desvío de fondos por el principio de la caja única de la que se extraen fondos para hacer frente a las obligaciones contraídas.

Sin embargo, esta tesis acaba de ser tumbada recientemente por una jueza de Jerez, quien ha condenado a dos años de cárcel a la exalcaldesa socialista, Pilar Sánchez, por tomar la misma decisión.

La regidora ordenó pagar la nómina municipal y evitar un enfrentamiento con la plantilla, recurriendo a los fondos del Plan E; un programa de subvenciones aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para dinamizar las economías locales a través de la ejecución de obras en los municipios.

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