Trump tacha de «injusto» el sistema judicial estadounidense tras el fallo sobre los «dreamers»
La Casa Blanca considera «indignante» sentencia que bloquea la derogación del DACA
La política de inmigración de Donald Trump ha vuelto a topar con los jueces. No es la primera vez, ni previsiblemente será la última, aunque tampoco es descartable que instancias superiores, sobre todo la Corte Suprema, vuelvan a sacar a la Casa Blanca del atolladero. El juez de distrito de San Francisco William Alsup ha propinado un nuevo giro al litigio judicial y político que mantiene a las puertas de la deportación a 800.000 jóvenes inmigrantes, los llamados «dreamers». El fallo obliga a la Administración a reponer su protección legal , que había dejado sin efecto la supresión del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés), firmada por Trump el pasado septiembre.
Aunque este miércoles reinaba la confusión sobre los efectos reales de la resolución, la paralización cautelar de la orden aporta oxígeno a los «dreamers» y resta presión al Congreso, donde republicanos y demócratas negocian contra el reloj una fórmula legal estable que salve a los jóvenes inmigrantes de la deportación.
El fallo judicial se dio a conocer apenas unas horas después de que el presidente transmitiera a los legisladores su disposición al acuerdo, pero también su amenaza de desamparar a los afectados si la ley presupuestaria no prevé una cuantiosa partida para construir el muro con México. Una táctica de palo y zanahoria que el magistrado californiano vino a descafeinar ayer con una decisión que resta a Trump capacidad de presión, al menos de momento.
Recurso de apelación
Aunque su Administración se mantuvo firme y anunció el correspondiente recurso de apelación contra una resolución que la Casa Blanca tachó de «escandalosa», el departamento de Inmigración deberá asumir otra vez la vigencia del programa impulsado por Obama en 2012, que amparó a los «dreamers» durante cinco años.
La furibunda reacción de la Casa Blanca, expresada por su portavoz, Sarah Sanders , quien sin embargo reiteró el compromiso del presidente de «cumplir con las decisiones judiciales», se produjo después de que el propio Trump escribiera una contundente aseveración en su cuenta de Twitter: «Esto muestra a todos lo corrupto e injusto que es nuestro sistema judicial, cuando quienes se oponen (a la supresión del DACA) recurren en su distrito y siempre ganan, pero, después, también casi siempre, las decisiones son revocadas por los tribunales superiores».
It just shows everyone how broken and unfair our Court System is when the opposing side in a case (such as DACA) always runs to the 9th Circuit and almost always wins before being reversed by higher courts.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2018
La afirmación de Trump no ocultó su confianza en la decisión última de una Corte Suprema que, gracias a su último nombramiento, cuenta con mayoría conservadora.Lejos de disipar tensiones políticas, William Alsup, un magistrado designado en su día por la Administración Clinton, además de poner a Trump en su sitio jurídicamente, arroja más leña al fuego de la discordia en algunos puntos de su resolución. Como la referencia a un tuit del propio presidente que aprovecha el juez para reforzar su argumentario: «¿De verdad alguien quiere echar del país a jóvenes con trabajo, gente formada y comprometida, algunos de los cuales sirven en el ejército?».
El mensaje con el que Trump lanzó un guiño a los «dreamers» los mismos días en que firmaba su desprotección, en el juego a dos bandas que ha mantenido desde el principio con los jóvenes inmigrantes, sirve ahora al juez para concluir que deben mantenerse las bases del programa en todo el país, al tratarse de un asunto «de interés general». A lo que añade el argumento de que la Administración no ha repuesto legalmente el vacío que supuso la supresión del programa.
El 5 de marzo, fecha límite
El juez no entra en el fondo del asunto, pero basa su decisión cautelar en el «daño irreparable» que puede causar a los afectados mientras se adopta una resolución definitiva. Desde el noviembre, los tribunales deliberan sobre el recurso presentado por instituciones de distintos puntos del país, entre ellas el estado de California, que agrupa al mayor número de «dreamers», unos 200.000.
La suerte de los cientos de miles de jóvenes, hijos de indocumentados, que entraron como menores en Estados Unidos, empezó a cambiar cuando el pasado 5 de septiembre Trump firmó el decreto de anulación del DACA. La orden ponía fin a la protección de forma diferida, con un último permiso de trabajo de dos años para todos aquellos que tenían previsto su vencimiento en los seis meses siguientes.
Desde entonces, la fecha del 5 de marzo, último día de renovaciones, pende como fecha límite sobre la cabeza de los 800.000 afectados, ansiosos por un posible acuerdo del Congreso que legalice su estatus definitivamente.
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