El presidente de la Cámara de Diputados abre un proceso de destitución contra Dilma Rousseff

El Congreso brasileño aprobó hoy la nueva meta de déficit fiscal propuesta por el Gobierno para este año, que asciende a 119.000 millones de reales (cerca de 30.900 millones de dólares), equivalentes al 2 % del Producto Interno Bruto (PIB).

No obstante, en medio del festejo oficialista por la aprobación, se recibió la noticia en el pleno de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó iniciar un juicio con miras a la destitución de la mandataria Dilma Rousseff por irregularidades en las cuentas públicas, reflejadas en los presupuestos.

La modificación se aprobó al cabo de una acalorada sesión del Congreso bicameral, en la que el oficialismo atribuyó en buena medida la delicada situación fiscal al impacto de «la crisis global» y la oposición denunció la «irresponsabilidad» del Gobierno de Dilma Rousseff.

A principios de año, los presupuestos presentados por el Gobierno calculaban para el ejercicio 2015 un superávit del 1 % del PIB, pero esa meta fue progresivamente revisada a la baja a medida que pasaron los meses y la crisis económica del país se fue acentuando.

En junio pasado, la previsión de superávit bajó al 0,15 % del PIB y dos meses después fue corregida nuevamente, pero para convertirse en un déficit de casi el 1 %, que finalmente fue revisado otra vez y llegó a cerca del 2 %.

Según sostiene el Gobierno, la revisión de la meta responde al agravamiento de la crisis que atraviesa el país, cuya economía, de acuerdo a datos oficiales divulgados este martes, cayó un 1,7 % en el tercer trimestre de 2015 respecto a los tres meses precedentes y un 4,5 % en relación al mismo período de 2014.

De acuerdo a esos datos, entre enero y septiembre pasados el Producto Interno Bruto (PIB) se encogió un 3,2 %, sumó su tercer trimestre consecutivo en rojo y alcanzó ya la tasa de contracción que los analistas del mercado financiero prevén para todo 2015.

La nueva previsión de déficit aprobada hoy incluye unas deudas calculadas en 57.000 millones de reales (unos 14.805 millones de dólares) que el Gobierno mantiene con la banca pública, que hasta ahora no habían sido contabilizadas en los balances oficiales.