Al menos 21 muertos en Congo en enfrentamientos entre comunidades de «nivel alarmante»

El incremento de la violencia tiene su origen en la muerte de 14 personas y posterior venganza en el último mes a manos del FDLR, a quien también se acusa de estar involucrado en el conflicto de Burundi

- CORRESPONSAL EN ACCRA Actualizado: Guardar
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Al menos 21 personas de etnia hutu han sido asesinadas y decenas resultaron heridas al este de la República Democrática del Congo en enfrentamientos entre comunidades de «nivel alarmante», según Naciones Unidas.

Los ataque fueron llevados a cabo por dos grupos rebeldes Mai Mai -la Unión de patriotas para la defensa de los inocentes (UPDI) y la Defensa Nduma para el Congo (NDC)-, quienes arrasaron varias localidades de la provincia de Kivu Norte.

El incremento de la violencia tiene su origen en la muerte de al menos 14 personas en el último mes a manos de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado formado, en gran parte, por ex miembros de la guerrilla «Interahamwe», quienes llevaron a cabo el genocidio de Ruanda en 1994 y se refugian ahora en el este del Congo.

Posteriormente, se habría desatado una oleada de venganza contra la población hutu por parte de grupos Mai Mai.

En las últimas dos décadas, para paliar las fuerzas de la milicia FDLR, acusada de orquestar las más cruentas agresiones contra los derechos humanos en la región, se han llevado a cabo numerosos proyectos de rehabilitación de sus miembros.

«Nuestra misión se centra en que los actuales rebeldes ruandeses que combaten en la República Democrática del Congo se incorporen a la vida civil», aseguraba recientemente a ABC Michael Butera, jefe de operaciones de la Comisión de Desmovilización y Reintegración de grupos armados.

«Desde 2001, hemos logrado repatriar a más de 10.000 exguerrilleros», reiteraba.

El proceso, lo cierto, no resulta del todo sencillo. Tras abandonar las armas, cualquier exmiliciano realizará un curso de tres meses en Ruanda (dedicado a borrar las heridas psicológicas) para, posteriormente, incorporarse a la vida civil en su país de origen.

«La base del proceso es el perdón de todas las partes», señalaba Butera. Aunque, a veces, las sinergias jueguen en contra.

Para muestra, un botón moral. En 2010, al menos 9.713 excombatientes desmovilizados fueron inspeccionados por equipos médicos ruandeses (prácticamente la totalidad de la tropa reintegrada hasta esa fecha). De ellos, 2.512 contaban con trastornos severos provocados por los combates; ya fueran paraplejía, grave deterioro cognitivo o ceguera.

Las estimaciones más realistas establecen que, en la región, operan entre cinco y seis mil rebeldes congoleños (ligados a cerca de 17 milicias), así como más de dos mil combatientes ruandeses (en su mayoría, estos sí, del FDLR).

No obstante, el mayor problema de estas milicias locales es su falta de «reconocimiento» por parte del Gobierno congoleño.

La situación es simple: Pese a la beligerancia de la zona, el Ejecutivo de Kinshasa no reconoce la existencia de ningún grupo armado local,admitiendo tan solo la presencia de combatientes extranjeros, caso del FDLR, en su territorio (las milicias locales congoleñas son calificadas de «bandidos», no de rebeldes).

Implicaciones regionales

Hasta 2009, los milicianos del FDLR fueron los grandes aliados del Ejército congoleño contra las fuerzas de Laurent Nkunda (por entonces líder del CNDP). Y a día de hoy, cuando la milicia tutsi cabalga de nuevo bajo otro nombre, los rebeldes hutus del FDLR podrían ser utilizados como fuerza de choque contra los opositores.

Y no solo en Congo. Ya en mayo, la ministra de Exteriores de Ruanda, Louise Mushikiwabo, advertía que algunos elementos de FDLR habían cruzado a Burundi desde la República Democrática del Congo y podrían incluso involucrarse directamente en la crisis que atraviesa el país desde que el presidente al presidente burundés, Pierre Nkurunziza, decidiera presentarse a un nuevo mandato. Un golpe en la mesa, ilegal en la Constitución, que amenaza la estabilidad regional después de doce años de guerra civil.

Entonces, la llamada de atención sobre la presunta explotación del conflicto por parte del FDLR suponía una evidente escalada dialéctica de la crisis. Más aún, en un país en claro desajuste (85% de la población hutu, como el mandatario, 15% tutsi).

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