Más de 900 ONGs que operan en Kenia se arriesgan a ser ilegalizadas

Más de 900 organizaciones no gubernamentales (ONGs) que operan en Kenia se arriesgan a ser ilegalizadas en las próximas dos semanas si no presentan sus cuentas auditadas, según el órgano gubernamental que regula sus prácticas en el país africano.

«Un total de 957 organizaciones no gubernamentales no han podido dar cuenta de los fondos que reciben», asegura Fazul Mahamed, director ejecutivo de la Junta de Coordinación de ONGs.

En este sentido, la comisión denuncia que, de los 1.400 millones de euros en donaciones auditados con respecto al ejercicio de 2014, en cerca de 210 millones planea la sombra de la duda sobre su origen, mientras se acusa a estas organizaciones de servir de apoyo al lavado de dinero y al terrorismo.

En la actualidad, se estima que cerca de 40.000 organizaciones humanitarias operan internacionalmente (no limitadas al país de origen). Un número que, no obstante, se proyecta sobremanera si ampliamos esta definición a organismos locales; ya que en Kenia -por ejemplo- hasta 5.000 «organizaciones sin ánimo de lucro» han sido registradas -sólo- en la última década.

Pero, a pesar de las innumerables ventajas que ofrecen estas organizaciones; como un mayor grado de especialización y mano de obra cualificada; el negocio humanitario muestra, de igual manera, algunos claroscuros.

Especialmente, porque muchas de estas «empresas» que operan en el continente africano sufren un vacío legal que impide que (en ocasiones) sus cuentas se hagan públicas, así como demostrar quiénes son sus inversores.

De acuerdo con cifras ofrecidas por el Banco Mundial, en 1994, el 12 por ciento de toda la ayuda extranjera a países en vías de desarrollo se canalizaba por medio de organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, sólo dos años después, este porcentaje ya se había doblado, hasta obtener una facturación cercana a los 7 mil millones de dólares.

Sólo en África, las ONGs gestionan (crisis aparte) cerca de 3.500 millones de euros en «servicios humanitarios». Aunque, según un reciente informe realizado por la Universidad John Hopkins, en 2005, sus gastos tan sólo fueron de 1.600 millones.

¿Dónde queda el resto?

Ya en 2010, el propio Consejo Nacional de ONGs kenianas reconocía que la corrupción es una de las grandes lacras a las que se enfrentan estas organizaciones, y a la postre, los inversores extranjeras que tienen como destino el continente africano.

«Actualmente, la mayor parte de los actores que nutren el negocio humanitario se comportan como empresas, el problema es que ninguno de ellas está regulado como tales», se aseguraba.

Entonces, como ahora, se vertían las tintas sobre la sencillez para registrar organizaciones «fantasma» o que rozan la ilegalidad y que posteriormente recibirán subvenciones de donantes con buenas intenciones, pero con nulo conocimiento del terreno. Ante esto, el sector exige que los propios donantes se impliquen en la supervisión y evaluación de los proyectos que financian, así como realicen un seguimiento a posteriori.

Aunque las miserias de las instituciones falsas no se limitan tan sólo al continente africano. En agosto de 2010, hasta 334 ONGs fueron clausuradas en Bangladesh, debido a su implicación en negocios fraudulentos.