Maduro comienza la purga de funcionarios y ediles que se negaron a votar la Constituyente

El chavismo ha iniciado la mayor persecución, encarcelamiento e inhabilitación de alcaldes y políticos de la oposición en la historia de Venezuela. Persecución que va acompañada de una purga de empleados públicos que no votaron en la Constituyente del domingo pasado. Por ahora, 34 de los 77 alcaldes de la oposición que fueron elegidos en 2013 han sido destituidos, perseguidos o inhabilitados. El Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General (Tribunal de Cuentas), dominados por el chavismo, han sido los encargados de ejecutar la orden de Maduro de borrarlos del mapa político.

Un concejal de la asamblea municipal de Baruta, uno de los cinco municipios del área metropolitana de Caracas, Luis Somaza , dijo a ABC que la arremetida contra la oposición se ha convertido en una «cacería contra los líderes locales cuyo único delito es cumplir con su pueblo». Y detalló los casos: «Sin haber siquiera culminado su periodo como alcaldes, un 44% de los cargos municipales ya han sido destituidos de sus cargos , están en prisión, tienen orden de aprehensión, de prohibición de salida del país, fueron despojados de sus funciones o inhabilitados. Además, han sido denunciados en la Fiscalía o demandados. En otros casos sus órganos de control fiscal fueron intervenidos o su policía fue intervenida, todo, por no respaldar las medidas y políticas impuestas por el régimen dictatorial». «Está claro que una de las políticas de Estado clave para la dictadura cobarde es amenazar y encarcelar a los alcaldes que adversan a este régimen», indicó.

Entre los alcaldes afectados se encuentran David Smolansky, del municipio El Hatillo; Ramón Muchado, de Chacao; Gustavo Marcano de Lechería, del estado Anzoátegui; Alfredo Ramos, de Barquisimeto; Carlos García Odón, de Mérida. Hace cuatro años el encarcelamiento comenzó con Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal. También Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas; y el líder Leopoldo López fueron devueltos a la cárcel de Ramo Verde hace dos días.

La cacería se ha extendido asimismo a los diputados , por ejemplo, el gobernador Henrique Capriles informó de que la diputada de la Asamblea Nacional, Adriana D’Elia, fue inhabilitada por 15 años, sin razón alguna.

El régimen de Maduro, por otro lado, comenzó ya su purga laboral pidiendo la nómina de la administración pública y empresas del Estado. Lo denunció José Bodas, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. «No quieren admitir que la mayoría de los trabajadores del sector público se abstuvo de votar porque rechaza la política totalitaria, antidemocrática y antiobrera del gobierno», dijo el sindicalista.

Bodas agregó que el partido oficialista también tiene las listas del Consejo Nacional Electoral que cotejará con las nóminas. Precisó que la purga incluye todos los niveles de la nómina. Juan Gómez, dirigente sindical de la Corporación Venezolana de Guayana, indicó que solo 200 de los 2.500 trabajadores de la empresa votaron el 30 de julio . «El lunes la máxima directiva estaba molesta y reclamó a los gerentes porque no llevaron a la gente a los centros electorales», expresó.