El juez obliga a la Administración Trump a renovar el permiso de los «dreamers»
Un magistrado elegido por George W. Bush propina el mayor varapalo al actual presidente de EE.UU.
La desprotección a los «dreamers» está costando un alto precio político a Donald Trump. La última resolución , firmada por el juez John D. Bates , de la Corte del Distrito de Columbia, ordena a la Administración que acepte la renovación de permisos de trabajo de los 800.000 afectados , suspendida cuando el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) quedó cancelado por orden de Trump. Con una añadida argumentación que deja en mantillas el proceder de su equipo, al calificar de «arbitrario e ilegal que fallara en su explicación de por qué el programa era ilegal».
El magistrado Bates, que fue elegido por el presidente George W. Bush en 2001, va más allá de los dos jueces federales que le habían precedido en su rechazo de los argumentos oficiales, y obliga a la Administración a que continúe el proceso por el que los «dreamers» (indocumentados llegados como menores antes de 2006) pueden seguir recibiendo amparo legal.
Pese a su contundente varapalo, el juez federal otorga a las autoridades un plazo de noventa de días al Departamento de Seguridad Interior para que vuelva a presentar argumentos en defensa de la suspensión del DACA , decidida por el ocupante del Despacho Oval el pasado septiembre. Un periodo en el que queda en suspenso la tramitación de los permisos, pero tras el cual los «dreamers» quedarían definitivamente amparados legalmente, a la espera de un pronunciamiento final de la Corte Suprema, previsiblemente el próximo año.
La situación de este amplio colectivo de inmigrantes, a quienes Obama protegió de la deportación, volvió al desamparo cuando Trump decidió cancelar el programa aprobado por su antecesor. Tras la decisión presidencial, el Congreso fue incapaz de aprobar una legislación definitiva de protección en los seis meses posteriores, el plazo que el presidente había determinado antes de que el DACA quedara oficialmente sin vigor. Aunque en sus mensajes sobre los «dreamers», Trump siempre ha jugado con una calculada forma de hacer política, ofreciendo la legalización plena de los 800.000 inmigrantes si el Congreso aprobaba una considerable partida económica para financiar la construcción de su muro en la frontera con México , algo que tampoco se ha producido.
Las posteriores decisiones de jueces federales han supuesto un jaque a la política de inmigración de la Administración Trump. En enero, William Alsup, de la Corte Federal de San Francisco , decretó que a los «dreamers» se les debía permitir la renovación del permiso laboral. Un mes más tarde, el magistrado de Brooklyn Nicholas Garaufis falló en favor de los fiscales generales de quince estados, que habían reclamado un bloqueo judicial de la suspensión del DACA. Según la nueva resolución, salvo que en tres meses la Administración Trump convenza al juez Bates, el DACA volverá a estar en vigor y el Departamento de Seguridad Interior tendrá que aceptar todas las nuevas solicitudes de los «dreamers» para renovar su licencia de trabajo, que es su seguro antideportación.
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