Bélgica afronta a una surrealista legislación contra el yihadismo

La ley que prohíbe a la Policía entrar en los domicilios particulares entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, que acaba de ser reformada, data de junio de 1969, cuando Bélgica era un país apacible, o los belgas así lo creían. La polémica tiene lugar después de que uno de los sospechosos de los atentados de París se escapara poco después de ser localizado en la capital belga.

No es que el índice de criminalidad sea envidiable –todo lo contrario–, pero en general la consigna en las relaciones entre la gente y la Policía es molestarse lo menos posible. Por ello es esencial que todo residente ponga su nombre en el timbre y en la puerta de su casa, para que los agentes no tengan necesidad de hacer ruido cuando deban localizar a alguien.

El primer gobierno que se dio cuenta de que esta limitación para entrar en un domicilio particular durante las horas de sueño tenía ciertos inconvenientes para las fuerzas del orden fue el del liberal flamenco Guy Verhofstadt.

Aunque la inspiración de las primeras reformas fueron los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, la discusión no llegó al Consejo de Ministros hasta cuatro años después, enterrada bajo las estériles disputas nacional-lingüísticas que desgastan continuamente al país. En aquel momento el Consejo de Ministros ya intentó cambiar la ley porque los jueces decidieron que las operaciones de escucha a través de micrófonos instalados dentro de esos domicilios tampoco podían llevarse a cabo durante esas horas –puesto que se supone que la gente duerme– y, según consta en la referencia de la reunión del Gobierno del 9 de septiembre de 2005, porque representaba «un riesgo para la seguridad de los agentes», ya que estos tampoco podían poner el girofaro hasta las cinco de la mañana y ya no es tan visible, «dada la luminosidad que se aprecia en verano».

Sin embargo, esa intención de reformar la ley quedó otra vez olvidada entre la ristra de sentencias del Tribunal de Arbitraje y el de Casación, que luchaban con el Gobierno sobre si la definición de «lugar privado» se refiere solo al domicilio «donde la persona reside y lleva a cabo su vida íntima», y es necesaria una orden judicial para una intervención, y otros lugares como un despacho profesional o un garaje donde guarda su coche, aunque sea un coche-bomba.