ASí ha quedado Tianjin
ASí ha quedado Tianjin - Reuters

Detenidos los directivos de la empresa propietaria del almacén quemado de Tianjin

Varios funcionarios de medio rango del distrito portuario están siendo investigados bajo la sospecha de que aceptaron sobornos

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La Policía china ha detenido al presidente y al vicepresidente de la empresa de logística Ruihai, en cuyo almacén de mercancías peligrosas se registraron la semana pasada dos gigantescas explosiones que arrasaron el puerto de Tianjin, según ha informado este martes la televisión estatal CCTV. Justo un día después de este accidente industrial, uno de los más graves que se recuerdan en China, el principal responsable de la compañía, Yu Xuewei, y su segundo de a bordo, Dong Shexuan, fueron arrestados para ser interrogados. A tenor de la agencia estatal de noticias Xinhua, la compañía estuvo trabajando durante ocho meses con productos químicos sin tener su correspondiente licencia, que no consiguió hasta junio. En el momento de las explosiones, el almacén contenía 3.000 toneladas de 40 tipos de componentes químicos altamente tóxicos.

Además, otros funcionarios locales de Tianjin están siendo investigados por corrupción por la opacidad que rodea a la compañía Ruihai. Según informa la agencia EFE, la prestigiosa revista financiera “Caijing” publicó este lunes que el auténtico jefe de la empresa resulta ser el hijo de un ex alto cargo del Partido Comunista. En concreto, se trata de Dong Mengmeng, hijo del exdirector de la Oficina de Seguridad Pública del Puerto de Tianjin, lo que revelaría las habituales conexiones entre el poder político y el económico en un régimen dictatorial como el chino.

Por otra parte, la lluvia que cae este martes sobre Tianjin amenaza con dispersar las 700 toneladas del letal cianuro de sodio que guardaba el almacén y empeorar así los efectos contaminantes de este grave accidente industrial. Dicha sustancia química, que se usa para fumigar y separar el oro y la plata en la industria minera, es muy tóxica y, soluble en agua, puede provocar la muerte al impedir que el cuerpo absorba oxígeno. Para neutralizar cualquier fuga de este cianuro de sodio hace falta peróxido de hidrógeno, que reduce su toxicidad.

Además de cianuro de sodio, el almacén que estalló el pasado miércoles guardaba 800 toneladas de nitrato de amonio y 500 toneladas de nitrato de potasio, según detalló el subdirector del Ministerio de Seguridad Pública, Niu Yueguang. Envasados en latas de 50 kilos, todas estas sustancias químicas habían sido producidas por una fábrica de la vecina provincia de Hebei, Chengxin Co., e iban a ser exportadas a “clientes de más de diez países, principalmente a industrias mineras”, según detalló al periódico “Noticias de Pekín” su director, Wang Jianfang.

Para recordar a los 114 muertos y 70 desaparecidos que dejaron las explosiones, así como a los 700 heridos y miles de evacuados, en la zona industrial de Teda, escenario de la tragedia, tienen lugar distintos actos de homenaje.

Purga interna

El Consejo de Estado ha anunciado este martes que ha establecido un equipo, encabezado por el viceministro de Seguridad Pública, Yang Huanning, para determinar responsabilidades y definir «la gravedad y naturaleza del accidente», y que «castigará severamente a los responsables».

También el Tribunal Supremo anunció el domingo la puesta en marcha de una investigación para averiguar si hubo negligencias. Ambos anuncios, así como las detenciones, se producen entre el clamor de la sociedad china y de los familiares de las víctimas para saber lo ocurrido, en un país con gran desconfianza hacia la gestión estatal de las catástrofes tras experiencias como la del terremoto de Sichuan (2008) o el desastre del «tren bala» de Wenzhou (2011).

En ambos casos, la gestión del Gobierno chino fue muy criticada y, en particular en el segundo, la población llegó a pensar que estaba ocultando la verdadera cifra de fallecidos.

Años más tarde, se destapó una extensa red de corrupción en el sector ferroviario que acabó con la condena a muerte en 2013 del ministro de Ferrocarriles, Liu Zhijun.

No sería la primera vez, por lo tanto, que el Gobierno busca un chivo expiatorio de peso en medio de fuertes presiones sociales para saber qué ocurrió en la terminal y de temores a una catástrofe medioambiental en uno de los puertos más activos de China.

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