Violencia callejera: un monstruo venido a menos que todavía da zarpazos

«Son vestigios de terrorismo callejero que pretenden amedrentar a la ciudadanía», expresaba en conversación con ABC el secretrario general del PP de Vizcaya, Javier Ruiz, al trasladar su «condena» del ataque perpetrado por los proetarras contra ocho autobuses, en un polígono de Derio (Vizcaya) el pasado domingo. «Son actitudes y comportamientos que nos retrotraen a tiempos pasados. Imágenes a desterrar y a evitar».

Imágenes de vehículos que prestaban un servicio público -Bizkaibus depende de la Diputación de Vizcaya, que cifró en dos millones de euros el montante económico del sabotaje- reducidos a amasijos de hierros calcinados. Una garrafa con restos de gasolina, un petardo y pasquines en alusión a un preso de ETA, Ibón Iparaguirre, enfermo de sida, como firma inequívoca de los autores de la «salvajada» y el «sinsentido», como los definieron el diputado general Unai Rementería y el Gobierno vasco.

Imágenes que, si bien retrotraen al pasado más descarnado, todavía forman parte, aunuque más esporádicamente, del presente. Los datos del Departamento de Seguridad del ejecutivo autonómico así lo confirman. Si en 2014 se registraron un total de 1.236 delitos contra el orden público, en los nueve primeros meses de este año se han consignado 928. De mantenerse la proyección, 2015 cerraría en baremos similares. Pero es en la categoría donde se enmarca el ataque del domingo en Derio donde se aprecia, por el momento, un descenso más significativo.

De 19 a 5 acciones «cualificadas»

Se trata de aquellas acciones que se etiquetan como «cualificadas», es decir, en las que interviene un componente «técnico, organizativo», y que como tales se comunican a la Audiencia Nacional. Frente a las 19 que se registraron en 2014, el Departamento de Seguridad vasco tiene constancia de cinco acciones de esta índole, incluida la quema de los ocho autobuses.

Un ataque que supone, además, un salto cualitativo en el desafío de los violentos. Hasta ahora, los radicales habían centrado sus sabotajes en cajeros automáticos. Tres ataques se llevaron a cabo en la provincia de Álava (Vitoria, Salvatierra y Amurrio) y otro en Bilbao; todos ellos, sabotajes con elementos incendiarios. En este apartado de acciones «cualificadas» no entran, sin embargo, acciones como la quema de contenedores, que por su naturaleza, explican desde el ejecutivo autonómico, recaen dentro de los delitos genéricos contra el orden público.

Existen, todavía, otras categorías. La de «terrorismo contra personas», como sucede desde que los terroristas anunciaron el fin de la acción armada, permanece vacía. Pero es en «Otro tipo de actos de terrorismo» donde se podría circunscribir, explican desde el Departamento de Seguridad, el ataque perpetrado el pasado mes de agosto contra el monumento en memoria de las víctimas del terrorismo que alberga el parque de Doña Casilda, en pleno corazón de Bilbao.

Los radicales se ensañaron con el monolito, al que prendieron fuego mediante alguna sustancia inflamable, en el mismo «modus operandi» con el que se ceban con cajeros y autobuses. Igualmente, procedieron a cometer el delito de madrugada. La rápida intervención de los servicios municipales de limpieza permitió que, al cabo de unas horas, el aspecto del monumento fuera prácticamente normal.

Ataques sin firma

El ataque de Derio se encuentra actualmente bajo investigación de la Ertzaintza. En el Departamento de Seguridad precisan que el hecho de que -por el momento- nadie haya reclamado la autoría complica enormemente su atribución. Más aún el que los panfletos o pasquines dejados por los radicales no lleven firma. Una práctica, inciden las fuentes consultadas, habitual en los últimos años, en los que los proetarras han preferido evitar la autoría e identificación.

Sí se ha dado una novedad en el sabotaje de Derio. Cuando un año antes los radicales quemaron también varios autobuses, en este caso en otra localidad vizcaína, la de Lujua, al cabo de unos días se produjo el envío de un mensaje reivindicativo, aunque también sin firma.

En ambos casos la excusa de los proetarras para inflingir daños en la propiedad pública fue la reclamación de la puesta en libertad de presos enfermos de ETA. El domingo quisieron recordar que, si bien el volumen de la violencia callejera ha descendido, los violentos no están dispuestos a renunciar a los peores métodos de extorsión. Actos que se encontraron con la firme condena de los demócratas y el más tibio «rechazo» de Bildu, Sortu y aquellos que se resisten a romper amarras definitivamente con los terroristas.