Una senadora de Podemos será desahuciada por impagos

Elvira García, cuyo salario es superior a los 2.000 euros mensuales, declaró al acceder al Senado unos beneficios de 10.502,28 euros

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El Departamento de Vivienda del Gobierno vasco desahuciará a comienzos de marzo a la senadora de Podemos Elvira García Díaz, que acumula 3.000 euros de una deuda derivada de un piso de alquiler social del que disponía en Vitoria. La representante de la formación morada, que fue como número uno en las listas por Álava, no ha hecho frente a los últimos quince pagos de la vivienda que se le había asignado por un precio de 200 euros al mes. Los intentos de la administración autonómica para ponerse en contacto con ella y evitar la ejecución del desalojo fueron en vano, pues, según denuncia, no quiso atender a la sociedad que gestiona este tipo de arrendamientos.

El Ejecutivo vasco inició los trámites del desahucio el pasado octubre, cuatro meses después de que la dirigente madrileñana accediera a la Cámara.

Antes de que se dictase el lanzamiento, que está programado para el próximo seis de marzo, la sociedad pública que se encarga de gestionar las viviendas de alquiler social en esta comunidad, el Alokabide, intentó sin éxito contactar con la implicada para encontrar una solución viable. En el momento en el que se puso en marcha el proceso judicial, además, la senadora ya no tenía el perfil de demandante de este tipo de pisos.

Según ha podido saber "El Correo", Elvira García, cuyo salario es superior a los 2.000 euros mensuales, declaró al acceder al Senado unos beneficios de 10.502,28 euros procedentes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que facilita el Gobierno vasco a aquellas personas en situación de necesidad.

Por otra parte, la dirigente de Podemos no habría podido disponer de una vivienda de alquiler social de haber informado al Alokabide su condición de senadora, ya que supera los ingresos máximo establecidos. El partido ha destacado que la representante madrileña, de 44 años, es consciente de la deuda, que es fruto de una "separación conflictiva". Por su parte, el Departamento de Vivienda se ha negado a aportar más información acerca del caso.

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