Villar-Mir presiona a Cifuentes para que le adjudique la Ciudad de la Justicia

El proyecto de la Ciudad de la Justicia, uno de los planes más gravosos y polémicos de la Comunidad de Madrid, lleva camino de encallarse en una de las mismas sedes judiciales que pretende albergar: el contencioso-administrativo. Según pudo saber ABC, el Gobierno de Cristina Cifuentespresentará en las próximas horas un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificándose en el desestimiento del contrato de la obra heredada del Ejecutivo de Ignacio González. Recurre así la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que en enero declaró nula la orden gubernamental de desistir de la adjudicación de la Ciudad de la Justicia, que el equipo anterior, también del PP, dejó casi resuelta.

Solo faltaba estampar la firma.

La adjudicación iba a concederse a la UTE formada por OHL-Acciona, que fue la que presentó la oferta mejor valorada por la Mesa de Contratación, frente a la propuesta de ACS y Ferrovial. Pero las elecciones y el cambio de gobierno dejaron en suspenso el proceso, que Cifuentes ha ordenado enterrar por razones de forma, pero también de fondo (desconfianza y críticas por lo costoso de una concesión de obra de 40 años). A cambio, la Comunidad de Madrid plantea indemnizar a las empresas afectadas, con un millón de euros, por los «perjuicios» de haber concurrido en un procedimiento que ya no se llevaría a término.

«No existen impedimentos»

Sin embargo, según corroboran a este diario desde las empresas afectadas de Juan Miguel Villar Mir y José Manuel Entrecanales, éstas no están dispuestas a renunciar al contrato de la Ciudad de la Justicia, que supone una inversión superior a los 1.750 millones. Como muestra de su firme voluntad de llegar hasta el final, OHL y Acciona han remitido un escrito a la Consejería de Presidencia y Justicia en el que exige al equipo de Cifuentes que «agilice» la adjudicación y contratación del proyecto. En el documento, fechado el pasado 2 de marzo, las compañías esgrimen que «no existe ninguna causa que impida» llevarlo a término, por lo que urgen al Ejecutivo a resolver cuanto antes el contrato. Insisten en que su oferta es la que obtuvo mejor puntuación técnica y económica en un proceso de licitación que fue «público y abierto». Defenderán sus intereses hasta el final.

El contencioso entre la Comunidad y la UTE surge después de que el gabinete jurídico del Gobierno de Cifuentes alegara que todo el proceso de adjudicación estaba «viciado de origen». En concreto, precisó que se arrastran litigios previos planteados por otras empresas adjudicatarias del proyecto original, el Campus de la Justicia. Este fue ideado en 2004 por el Gobierno de Esperanza Aguirre y contemplaba la construcción megalómana de una serie de edificios firmados por los mejores arquitectos del mundo, incluido Norman Foster. La crisis enterró ese primer proyecto, del que solo se construyó el Instituto de Medicina Legal, denominado «donut» por su forma redonda. Costó 19 millones de euros, pero hoy está semiabandonado.

El proyecto resucitó, en versión abaratada, como Ciudad de la Justicia y la finalidad idéntica de reagrupar las sedes judiciales hoy dispersas por toda la región. Los cálculos del Gobierno es que se ahorrarían 10 millones al año en alquileres y mantenimiento. Pero una de las contratistas de entonces, Corsán Corvián, recurrió reclamando que ella ya fue antes la adjudicataria para la construcción del edificio de de los juzgados de lo Social y Mercantil.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública advirtió a la Comunidad de que no podría adjudicar el nuevo contrato sin resolver antes el litigio con Corsán Corvián. Y a eso se aferró para enterrar todo el proceso el Gobierno de Cifuentes, que, sin embargo, recibió un revés en enero de este año. El mismo tribunal administrativo declaró nula la orden de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se desistía del procedimiento de adjudicación del contrato para la redacción, ejecución y explotación del nuevo proyecto, que iría a OHL-Acciona. Esa resolución es la que ahora recurre el Gobierno ante el TSJM.

Fuentes conocedoras de toda la operación aseguran que Corsán Corvián ha reclamado el pasado 16 de febrero por escrito una indemnización de 6,7 millones; los técnicos de la Comunidad rebajan el coste a 1,9 millones. Están pendientes de resolverse otros dos recursos de dos despachos de arquitectos. Desde la Consejería insisten en desistir:«Hasta que no esté resuelto lo anterior no se puede adjudicar. Lamentablemente, la parálisis es para todos».