Nuevo varapalo judicial a Carmena: obligan a readmitir a la interventora general destituida
El Consistorio la echó justo antes del inicio de la comisión por corrupción, sin ningún argumento legal válido
Enorme y enésimo varapalo judicial al Ayuntamiento de Madrid. Muy especialmente, a su exconcejal de Economía y Hacienda (ahora presidente de Vicálvaro y Latina), el defenestrado Carlos Sánchez Mato , a quien parece que la política de Personal tampoco es su fuerte. Los tribunales le obligan a volver a readmitir a la que fuera la interventora general del Consistorio, un cargo muy sensible e independiente, a la que fulminó en la primavera de 2016; precisamente, en esa fecha se estaba pergeñando el inicio de la comisión de investigación sobre la gestión de los gobiernos locales anteriores, del PP.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 17 de Madrid ha fallado a favor no solo de la afectada, Beatriz Vigo , sino de los recursos interpuestos por la Delegación del Gobierno y por una asociación del sector. Reclamaban que se dejara sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno del 23 de junio de 2016, por el que Sánchez Mato destituía a la alta funcionaria del Estado por otro de carácter accidental. Según la Abogacía del Estado, la motivación dada por el Ayuntamiento es «genérica y que en nada se concreta, por lo que no puede llegar a saberse por qué la persona que ocupaba el puesto no puede continuar desempeñándolo».
Vigo, desde 2004 y hasta septiembre de 2018, cuando se jubiló su predecesora, fue directora de la Oficina de Contabilidad. El 27 de mayo de 2016, el equipo de Carmena le comunica el cese . Una de las cosas más curiosas es que se la califica como una «profesional de reconocido prestigio y trayectoria profesional», además de alabar su trayectoria académica, docente y hasta sus publicaciones.
El propio Sánchez Mato le contesta a una de las alegaciones de la siguiente manera: habla de los «reforzamientos de los sistemas de control interno» llevados a cabo por la interventora general «con absoluta profesionalizad y objetividad»... «En cuando a la renovación y refuerzo de la actuación de intervención y las funciones de actuación, el equipo de Gobierno no pretende que se lleve a cabo una gestón crítica de su actuación... El equipo de Gobierno apuesta por potenciar funciones adicionales de control financiero, sin demora, incidiendo en el control financiero y la auditoría pública». Es decir, la investigación que se iba a emprender sobre las arcas manejadas por los gobiernos anteriores, de signo contrario. Y ahí, aunque no lo sustenta en la resolución judicial, es donde Beatriz Vigo «molestaba» a Ahora Madrid . Argumentaba Sánchez Mato que «no se está cuestionando en ningún momento su aptitud profesional, sino introduciendo nuevas funciones en a labor de Interención de acuerdo con la autonomía organizativa del Ayuntamiento».
«Enorme inconcreción»
Pero «no se aporta argumento que fundamente que la actual titular no pudiera desemplear nuevas funciones, pues no queda acreditada la pérdida o falta de idoneidad requerida para el desempeño del cargo» por parte de la destituida. La llamada de atención de la juez al Consistorio es extraordinaria: «No cabe duda de que la motivación no puede ser limitada a la expresión ‘pérdida de confianza’, porque no nos encontramos ante el cese de un cargo político, personal eventual o asesoramiento [...]. Se han expresado unas razones y se han efectuado unos razonamientos, y no es que no se compartan, es que adolecen de una enorme inconcreción y por demás generalización [...]. En ningún momento se hace referencia concreta a qué nuevas funciones de asesoramiento se van a atribuir a la persona que ocupe el cargo». Además, «no es un hecho negado, que dichas funciones ya las venía desempeñando la interventora cesada». En resumen, se trata de «generalidades y no es posible inferir dónde radica la justificación subjetiva» de lo ocurrido.
Se da la circunstancia de que, en el Pleno de hoy, Carmena y el PSOE pretenden reprobar a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, es por llevar a los tribunales asuntos como este, en los que, además, también ha ganado la Abogacía del Estado en el TSJM: como la reducción ilegal a 35 horas del horario de siete categorías profesionales y la suspensión cautelar de la Oficina Antifrade. Delegación ha interpuesto casi 50 recursos contra muchas Administraciones, no solo contra este Ayuntamiento.
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