Un millón de multas de tráfico de Madrid, en el aire

La recaudación de un millón de multas de tráfico, unos 60 millones de euros, está en el aire para el Ayuntamiento de Madrid porque la Dirección General de Tráfico (DGT) no fechó las notificaciones publicadas en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) al menos durante el último año; una presunta irregularidad que contraviene el artículo 6 de la normativa que regula dichos edictos.

Según Automovilistas Europeos Asociados (AEA), todos los avisos que el consistorio madrileño publicó con este sistema edictal son «ineficaces e inválidos» por no cumplir con este escrito, que rige las sanciones que no pueden ser entregadas personalmente a los interesados. Su presidente, Mario Arnaldo, explicó a ABC que, no obstante, esta anomalía podría arrastrarse desde un tiempo mayor a este año, ya que el usuario solo puede acceder a las publicaciones desde el 2 de noviembre de 2014 (a fecha de ayer), de forma que a cada día que pasa se pierde una jornada de consulta.

«Cualquier conductor madrileño podría oponerse al cobro ejecutivo de estas multas porque la notificación previa no se ha realizado correctamente», destacó Arnaldo. En ese sentido, la norma establece que, tanto en la cabecera como en las páginas de cada edicto, debe aparecer la fecha de publicación. Así, el ayuntamiento que rige Manuela Carmena estaría exento de responsabilidad en el caso de que se confirmara el fallo, pues es obligación exclusiva de la DGT. La ausencia, señaló la misma fuente, «impide el correcto cómputo de los plazos legales», ya sea para pagar (con o sin descuento) como para hacer una reclamación.

Una vez elevó la reclamación, el presidente de la asociación automovilista acusa a la DGT de «haber manipular» el contenido del tablón y añadir las fechas con las que debía contar desde un principio, algo por lo que la administración de tráfico podría incurrir en un presunto delito de falsedad documental. «Tal es la situación que, en prevención de lo que podía pasar, solicitamos auxilio notarial para después probar estas irregularidades».

En este punto, según ha podido saber ABC, el 13 de octubre de 2015 (anterior a ese supuesto cambio), el fedatario público Juan Luis Guijarro de Miguel levantó acta notarial (número 1.811) y estableció que, tras descargar aleatoriamente varias publicaciones, no estaban incluidas las fechas. Después, con un nuevo acta (número 1930), el 30 del mismo mes, comprobó que las publicaciones cotejadas anteriormente sí contaban en ese momento con lo requerido.