El enfado de Aguirre con Cifuentes por quitarle la escolta de su casa

En el entorno de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, enumeran los «agravios» que, a su juicio, está cometiendo la actual líder de la Comunidad, Cristina Cifuentes, contra sus antecesores. Primero fue la derogación exprés del Consejo Consultivo, al que se apuntó Ignacio González, pese a conocer que Cifuentes había puesto fecha de caducidad. Entre sus derechos, un coche oficial, un despacho en la Gran Vía y un sueldo de 8.500 euros brutos al mes.

Pero la última decisión ha sido tal vez la que más ha escocido: el anuncio de que se retiran las escoltas de sus viviendas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dado orden de dejar de pagar la seguridad de la casa particular de Esperanza Aguirre, en el madrileño barrio de Malasaña. La vivienda de la expresidenta regional recibe la protección de la Guardia Civil en virtud de un convenio firmado entre el Ministerio del Interior y la Comunidad, con cargo a los presupuestos regionales, quedejará de aplicarse el próximo 1 de diciembre, según afirmó ayer el portavoz del Gobierno, Ángel Garrido.

La explicación oficial es que el objeto del convenio es la protección y vigilancia de edificios públicos de la Comunidad «pero no de un particular», como es el caso. En la misma situación se queda Ignacio González, al que hace apenas unos días se le ha comunicado que dejará de tener el servicio de escolta, de siete policías nacionales, que también protegían su casa de Aravaca. En el entorno de Aguirre y González encajaron con malestar esta decisión, que desde el equipo de Cifuentes justifican por razones de rigor en el uso de los fondos públicos.

Deberá ser el Ministerio del Interior, recalcan desde la Puerta del Sol, el que determine, y asuma en su caso, la protección de la vivienda de Aguirre, quien además de ser líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, es expresidenta del Senado y exministra con José María Aznar. «En ningún caso se le deja desprotegida. Pero es ilegal mantener la escolta en los términos actuales. Se deja a criterio del Ministerio si refuerza o no su vigilancia», apuntó un portavoz del Ejecutivo regional. Hasta ahora, once guaridas civiles se turnan apostados en el edificio donde reside Aguirre.

Garrido también informó ayer de que la Comunidad no se hará cargo de los costes de la luz originados, al parecer, por la garita de seguridad en el inmueble de Aguirre. Según publicó este fin de semana el digital Vozpópuli, las facturas pendientes con Gas Natural Fenosa desde 2012 ascienden a unos 5.000 euros. «No tenemos la obligación dado que el inmueble no pertenece a la Comunidad de Madrid», aseguró Garrido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La presidenta del PP regional desmintió tajantemente en su cuenta de Facebook que los costes fueran de su hogar, como se indicó desde el digital.