Cifuentes prepara la salida de un diputado para blindar su Gobierno

La primera gran prueba del algodón de regeneración democrática para el «nuevo PP» que pregona Cristina Cifuentes llegará en los próximos días, un mes a lo sumo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dirá si recoge el guante del contundente escrito del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ayer pidió que se investigue al exalcalde de Móstoles y diputado regional del PP, Daniel Ortiz Espejo, por supuesta corrupción política. En la exposición motivada, de 74 folios, el magistrado recopila indicios de que Ortiz habría mediado para favorecer a la trama Púnica durante su mandato municipal, adjudicando un contrato de 73 millones a la empresa energética Cofely, una de las compañías con más lazos con la trama.

El contrato más voluminoso de la historia en Móstoles, según la oposición. Desde hace meses se conocía en círculos jurídicos que el cerco sobre Ortiz se estrechaba. Su imputación sería inmediata.

Los delitos que el juez atribuye a Ortiz Espejo, alcalde de Móstoles con el PP entre los años 2012 y 2015, son seis: fraude en la Administración Pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho.

Debido a su condición de aforado como parlamentario regional, el juez Velasco ha tenido que inhibirse y será el TSJM quien decida si se le llama a declarar como investigado o no. De sustanciarse la imputación, será la primera ocasión en la que Cifuentes deberá aplicar el código ético que hizo firmar a todos los miembros de la lista electoral que encabezó en mayo pasado. El punto principal es que se comprometen a dejar el acta de diputados del PP si son investigados formalmente por delitos de corrupción.

Cautela en el partido

Apenas veinte minutos después de que saliera el escrito de la Audiencia Nacional, Cifuentes se pronunció sobre la cuestión. Fue un punto cautelosa, al pedir que se espere a ver qué decisión toma el TSJM. «No se pueden adelantar acontecimientos», dijo, recordando que la «línea roja» para pedir la renuncia de Ortiz o de cualquier otro parlamentario es que se formalice la petición de investigación judicial. A partir de ahí, prometió actuar, sin miramientos, caiga quien caiga. Lo que no es obligado es que dimita también como concejal de Móstoles, donde es portavoz del PP y presidente del partido local.

Ciudadanos, que brindó a los populares su apoyo para la investidura, reaccionó ayer con fuerza ante «la inminente imputación» de Ortiz. Convocó de urgencia a los medios para recordarle a Cifuentes su compromiso de «tolerancia cero» contra la corrupción firmado en su pacto de investidura. Si Ortiz es llamado a declarar como investigado por la Púnica, que sea expulsado «inmediatamente», pidió. «Si no lo hiciera, nos comprometería, nos plantearíamos romper el acuerdo y tomar medidas», dijo su portavoz en la Asamblea, Ignacio Aguado, amagando con retirar su apoyo parlamentario al PP. Aguado solicitó a Cifuentes una «reunión urgente». La presidenta regional, que acababa de hablar públicamente, se lo reiteró en una conversación telefónica posterior.

El portavoz de Podemos en la Cámara regional, José Manuel López, fue más allá al negar a Cifuentes todo crédito para la regeneración que pretende en sus filas. «La más que probable imputación [de Ortiz] no hace más que confirmar hasta qué punto lo del nuevo Partido Popular no es más que un cambio de nombre», afirmó ayer. El portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento autonómico, José Manuel Franco, también pidió explicaciones a la presidenta regional sobre «todos los que tienen que ver con la corrupción del PP en Madrid». Distintas informaciones apuntan a otros exalcaldes y ahora diputados en la Asamblea involucrados en las tramas corruptas.

En la bancada popular en la Asamblea también remitían ayer al código ético suscrito por todos sus miembros, incluido Ortiz, que es miembro de la dirección del grupo como responsable de Municipios. Es él quien ha coordinado el reparto de trabajo interno de «diputados de proximidad» por el que se han repartido el mapa.

Mordidas de 746.000 euros

El juez de la Púnica considera que Ortiz Espejo influyó desde su puesto de regidor burlando la ley para que el Ayuntamiento de Móstoles adjudicara a Cofely el polémico contrato de servicios energéticos, en mayo de 2014. Irregularidades por las que se pagaron «mordidas» de 746.000 euros.

La trama consiguió eliminar de la carrera por el contrato a la empresa que iba en cabeza, Fulton, para cumplir un supuesto pacto entre el Ayuntamiento y Cofely. Esta firma elaboró un informe que desvelaba errores que descalificaban la oferta de Fulton.

El análisis, cuyas conclusiones coincidieron con las razones por las que el Consistorio expulsó a Fulton, se elaboró con documentos confidenciales del expediente de contratación, explica el juez. Velasco concluye que el diputado de Cifuentes «participó activamente» en todas las fases para otorgar el contrato, cuando «no tenía potestad». Sus representantes, quienes mediaban por él, eran los hermanos Mario y Alejandro Utrilla, uno exdiputado regional y otro exconcejal de Móstoles.

Una de las pruebas más relevantes, además de los correos y escuchas, es el testimonio de David Sánchez, el entonces concejal de Infraestructuras y Mantenimiento de Móstoles, a quien Ortiz presionó sirviéndose de su cargo.

Las cuentas públicas del municipio asumieron el pago de las mordidas, según el juez. Los 746.000 euros salieron del propio presupuesto previsto para la adjudicación, cargados al Ayuntamiento de Móstoles mediante conceptos ficticios.