Ahora Madrid acusa a Montoro de «secuestrar la democracia»

Ahora Madrid, el partido que sustenta el Gobierno de Manuela Carmena, ha sacado toda su artillería propagandística para arremeter contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que acusan de «secuestrar la democracia». Todo, a cuenta del incumplimiento continuado de la regla de gasto y del consiguiente y previsible rechazo del Plan Económico Financiero de la capital.

Como ha venido informando ABC, el Ministerio ha dado un plazo máximo de 15 días naturales, que expiran el 20 de abril, para que haya un acuerdo plenario en el que se inmovilicen 233 millones de euros.

La ofensiva de los concejales de Ahora Madrid consiste en un manifiesto contra la legislación vigente, al que pueden adherirse los ciudadanos.

La marca municipal de Podemos se niega a cumplir la normativa, que considera injusta, y llama a la movilización popular con su propia lectura de una ley que afecta a todos los ayuntamientos. Así explica el porqué de la colecta de firmas: «La razón: castigar al Gobierno de Ahora Madrid por demostrar que se puede gobernar de otra manera, al servicio de la gente y no de los mercados, los bancos y su deuda».

Sin embargo, a renglón seguido, el partido de Carmena reconoce de algún modo la legalidad de las exigencias que le plantea Montoro, enmarcadas dentro de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: «Esta medida es consecuencia de la imposición por parte del Gobierno central de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución Española en 2011, que consagra el pago de la deuda por encima de las necesidades sociales de la ciudadanía».

Desobediencia

«Nos exige -insiste- un recorte de 238 millones de euros en aras de la consagración del principio: “Primero los bancos y después las personas”». Y llaman a la desobediencia, «ante el secuestro de la democracia». Pero lo que está claro es que la normativa es la misma para todos los consistorios, sean del color político que sean. La propia alcaldesa, la semana pasada, garantizó que el Ayuntamiento cumplirá «sin ninguna duda» con el requerimiento de Hacienda.

Aunque, para ganar tiempo, envió una serie de alegaciones, calificadas como «aclaraciones» añadidas. Sin embargo, según las fuentes consultadas por este periódico, el Ministerio no tiene previsión, al menos en principio, de ampliar ese plazo de quince días; y tampoco, y esta es la cuestión mollar, de aceptar el Plan Económico Financiero del Consistorio, tal y como está planteado: el Ayuntamiento cerró el pasado ejercicio con un crecimiento del gasto mayor que el del año anterior.

Madrid quiere convertirse en algo así como el mascarón de proa de una rebelión contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria, junto a un grupo de ayuntamientos de izquierdas del resto del país. Sin embargo, esa «insumisión» puede salirle bastante cara, y lleva todas las de perder: en el caso más extremo el artículo 25 del texto legal establece medidas coercitivas en estos casos, que van desde una sanción grave a intervenir la gestión económica.