Adif y Renfe amenazan a Carmena con emprender acciones legales por anular la operación Chamartín

Los presidentes de Adif, Gonzalo Ferre Moltó, y el de Renfe, Pablo Vázquez Vega, han roto su silencio este jueves para pronunciarse sobre la muerte de la operación Chamartín que el miércoles ejecutó el gobierno de Manuela Carmena en el Pleno del Ayuntamiento. Las dos entidades públicas enviaron una carta al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, el pasado lunes instándole a reconsiderar la propuesta que se comprometía a desarrollar Distrito Castellana Norte y que fue «aprobada por el Ayuntamiento en febrero de 2015». De no hacerlo, advierten de que emprenderán acciones legales para ser «resarcidos por los daños y perjuicios».

Recuerdan estos entes dependientes del Ministerio de Fomento que ya se ha producido una inversión de 700 millones de euros en obras ejecutadas o ejecución como la del Cercanías Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - T4-Chamartín

. Este desembolso se llevó a cabo porque Adif firmó en un convenio de 10 de noviembre de 2011 el compromiso de compensar el impacto del nuevo desarrollo con esta obra, con la remodelación de la estación de Chamartín y el nuevo túnel de conexión para el AVE Atocha-Chamartín - paralizado-. Todas ellas se acometerían «a fin de garantizar el equilibrio de las interconexiones del transporte» y «con cargo a los recursos obtenidos en la operación». Pero estos ahora no llegarán.

«El Ministerio de Fomento y sus entidades públicas dependientes han realizado importantes actuaciones en la convicción y bajo los principios de buena fe y confianza legítima de que serían compensados en los términos específica y legítimamente pactados», subrayan.

En la misiva dirigida al concejal, Fomento recuerda al Gobierno municipal que el acuerdo de comisión no tiene en cuenta que el Plan Parcial de Reforma Interior (PPRI) fue aprobado «con base en los compromisos legítimamente asumidos por todas las Administraciones Públicas implicadas» y que «cumple todos los parámetros urbanísticos fijados pro el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, que garantiza la solvencia técnica y económica de su ejecución y gestión y que cuenta con todos los informes sectoriales y técnicos favorables».

Ilustran a los verdugos de DCN sobre el hecho de que el Tribunal Constitucional impone «el deber de coherencia de comportamiento, máxime cuando se trata de las Administraciones públicas, e impiden a las mismas adoptar decisiones injustificadas o inconsecuentes».