La Coruña prevé aprobar su renta social en plena campaña del 26-J

La «nueva política» también sabe echar mano del electoralismo cuando se acerca la cita con las urnas. El Ayuntamiento de La Coruña, que gobiernan los populistas de la Marea Atlántica, tiene previsto aprobar la semana próxima una de sus medidas estrella, la renta social municipal, que en algunos casos podría llegar a los mil euros mensuales y que podría perpetuarse en el tiempo sine die. El alcalde, Xulio Ferreiro, validó el borrador de la ordenanza que amparará la renta en una junta de gobierno el lunes, y la semana próxima, en plena campaña, la llevará a pleno, donde previsiblemente saldrá adelante dado que la oposición —principalmente PSOE y PP— no contemplan echarla abajo.

Más dinero que la Xunta

Esta renta municipal —la primera de este tipo que se aprobará en Galicia pero en sintonía con otras iniciativas populistas por toda España— no será compatible con pensiones de ningún tipo, ni tampoco con el subsidio autonómico de inclusión social, al que supera en todos sus tramos.

La cantidad mínima que abona la Xunta son 400 euros; el Ayuntamiento lo eleva hasta el IPREM, 530 euros. Si se tienen cuatro personas a su cargo la cantidad podrá elevarse hasta los 1.060 euros —superior a muchos salarios en la actualidad— y para los que sólo será exigible seguir un itinerario de inclusión laboral. La Risga máxima que se concede es de 718,88 euros, en caso de perceptores con seis o más menores a su cargo.

El proyecto de ordenanza establece que la renta se concederá por seis meses, con una prórroga de hasta 18, pero una vez cumplidos podrá volver a solicitarse, algo que no permite la Risga, por ejemplo. Esta cantidad no es finalista, por lo que no hay necesidad de justificar su uso, más allá de algunas indicaciones generales recogidas en la ordenanza y una vaga advertencia de un posible informe de los servicios sociales para garantizar su buen uso.

Efecto llamada

Dentro de los exiguos requisitos está la no percepción de ninguna otra fuente de ingreso o seis meses de empadronamiento en la ciudad, exigencia innecesaria para víctimas de violencia de género, emigrantes gallegos retornados o refugiados reconocidos como tal por las administraciones públicas, como el caso de los sirios. Se abre la puerta al efecto llamada. El texto no se refiere a familias sino a «unidades de convivencia», de la más amplia catalogación, puesto que ampara desde familiares, parejas de hecho o «relaciones por afinidad».

Ferreiro destinará 2,1 millones a esta renta, aunque el proyecto de ordenanza contempla modificar los presupuestos —que La Coruña aprobó en mayo tras 5 meses de retraso— si se necesitaran más fondos. La ordenanza establece que la renta no extingue otras ayudas municipales de emergencia social que sí se conceden con carácter finalista.

De hecho, la intención inicial de la Marea era reunir todas las subvenciones que concedía el Ayuntamiento en un único paraguas, lo que provocó las críticas de la oposición, que acusó al gobierno local de maquillar ayudas sociales finalistas ya existentes. Ese borrador fue el que se negoció con el resto de grupos en comisión. Sin embargo, la oposición no disimulaba su sorpresa por la aprobación de la ordenanza de la renta social, que no ha sido consensuada ni dialogada con ellos.