Un juez de Alicante procesa a 40 integrantes de la Mara Salvatrucha desmantelada en 2014

El juzgado de Instrucción número 1 de la localidad alicantina de Ibi ha dictado auto de procesamiento contra 40 personas por su pertenencia o su relación con la organización criminal Mara Salvatrucha 13, una banda latina originaria de El Salvador. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado, la juez considera que existen indicios de los delitos de intento de asesinato, tráfico de drogas mediante organización delictiva, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales, lesiones y amenazas.

De los 40 encausados, 36 serían miembros activos o colaboradores directos de esta banda latina. Los otros cuatro estarían relacionados únicamente con el tráfico de drogas. De las diligencias practicadas, sobre todo intervenciones telefónicas y declaraciones de testigos e investigados, la juez encuentra «indicios racionales de criminalidad» contra ellos, según el comunicado.

Entre los procesados se encuentran los presuntos cabecillas de la agrupación asentada en Ibi (Alicante), Madrid, Gerona y Barcelona. Tres de ellos, los que serían líderes del grupo en Ibi, permanecen en prisión provisional desde su detención en 2014.

Según consta en la resolución notificada a las partes, la juez considera que existen indicios para relacionar a los encausados con esta «organización criminal, de origen trasnacional, que forma parte de la Mara Salvatrucha, a nivel mundial, con conexiones en El Salvador, Guatemala, Estados Unidos y otros países, de marcado carácter violento y en la que sus miembros, la mayoría de origen latino, lo dan todo por la Mara, financiándose con las cuotas que satisfacen y con el dinero que reciben desde el extranjero para establecer negocios legales, así como mediante el tráfico de drogas».

De la investigación judicial se desprende que los encausados se habían organizado en «clicas», grupos más o menos numerosos y asentados en un lugar geográfico, repartidas en diferentes ciudades de España. La «clica» de Ibi, bautizada como «Big Crazy», tendría la intención de aglutinar a las de Madrid, Barcelona o Gerona, entre otras ciudades, para crear «a imagen y semejanza de la Mara salvadoreña, el 'Programa España', un plan que expandiera la organización en España, con las normas que venían directamente de El Salvador», según el TSJCV.

Ritos de iniciación

Entre estas normas se encuentran los ritos de iniciación, en los que los candidatos demuestran su valor y lealtad a la Mara sometiéndose a palizas que duran 13 segundos. La investigación concluye que existen indicios de la realización de estos rituales por parte de los encausados. Según explica el auto de procesamiento, el grupo se habría nutrido económicamente a través de diferentes cauces. De una parte, con el pago de una cuota de sus componentes, quienes llegaban a delinquir para hacer frente a la misma.

De otra parte, a través del apoyo económico de la dirección de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Según la investigación, llegaron a enviar 10.000 dólares desde este país para financiar las primeras actividades de la Mara en España. La intención era montar un negocio legal en España para blanquear capitales de procedencia delictiva y facilitar la llegada de nuevos mareros de América Central con contrato laboral. La investigación también señala al tráfico de drogas como fuente de financiación de la organización. El grupo de Ibi habría creado una red de tráfico de marihuana y cocaína.

Armas y asesinatos

En la causa también se relata que la agrupación asentada en Ibi habría mantenido varias peleas con un grupo de ciudadanos rumanos por el control del territorio. A consecuencia de ello, varios de los procesados habrían planificado matar a uno de los integrantes de la banda rival. Pese a los preparativos, el asesinato no se llevó a cabo ya que las dos personas encargadas de ejecutarlo fueron detenidas por la Guardia Civil.

El juzgado de Instrucción número 1 de Ibi fija para los encausados fianzas que oscilan entre los 3.000 y los 40.000 euros. La magistrada les tomará declaración los días 20, 21, 22 y 23 de septiembre.