Política
Los grupos de las Cortes Valencianas no alcanzan un acuerdo para publicar sus gastos
Enric Morera hará un reparo a las cuentas de la Cámara para expresar que no se hace responsable de que los 3,5 millones que reciben los partidos no están fiscalizados
La transparencia resulta en ocasiones más fácil de exigir que de aplicar. El debate recurrente sobre la publicación de los gastos de los grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas ha resurgido desde hace unas semanas sin que se haya alcanzado un acuerdo -ni parece que se vaya a dar próximamente-. Las causas de que se ponga de nuevo encima de la mesa han sido dos: la polémica con el pago de un viaje del presidente de la Cámara, Enric Morera, a Palma de Mallorca y la recomendación de los servicios jurídicos de mayor detalle sobre el uso de las subvenciones tras una queja de los diputados no adscritos.
Por un lado, los ex de Ciudadanos (Alexis Marí, David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García) solicitaron que se les adelantasen las ayudas públicas que reciben los grupos por su representación en el Parlamento autonómico. Su queja venía dada porque tenían que costear los gastos de su bolsillo, presentar posteriormente las facturas y comprobantes de pago para que fueran fiscalizados y, por último, que la Cámara les abonara la cantidad. Un proceso que no ocurre en el resto de grupos, para los que la fiscalización es posterior (y en menor detalle) a la transferencia de la subvención.
La Mesa de las Cortes planteó que se les adelantase un 25% de las ayudas y que su justificación pudiera presentarse un año después. Una solución que fue finalmente acordada este miércoles en la comisión de régimen interior y sobre la que los no adscritos no están del todo conformes -aunque les permitirá contratar personal-. Todo ello después de que los servicios jurídicos y económicos pusieran reparos y, de hecho, remarcaran que el resto de grupos también deberían fiscalizar sus gastos al mismo nivel.
Por otro lado, Morera se encuentra molesto por la difusión por parte del PP de que cargara al Parlamento autonómico el desplazamiento que hizo en 2016 a Palma de Mallorca cuando acudió como testigo de Compromís a declarar en el juicio por el caso Nóos. Un día después presentó las facturas para probar que se lo pagó él mismo y que lo que costeó las Cortes fue el viaje de las dos personas que le acompañaron por su condición de «autoridad pública»: su escolta y su jefe de gabinete.
¿Cambio en el sistema de fiscalización?
Todas estas cuestiones han generado de nuevo controversia por el modo en el que se establece el control de gastos en el Parlamento valenciano, ya que actualmente no se pueden comprobar al detalle . El planteamiento que se lanza es si resulta necesario un cambio en el sistema de fiscalización, algo que no tiene encaje legal en las mismas Cortes porque se apela tanto a la ley de subvenciones como a la labor del Tribunal de Cuentas.
En este contexto, Enric Morera se niega a firmar la liquidación del presupuesto de la Cámara de 2016 . En su opinión, no tiene por qué hacerlo cuando él se somete a un control exhaustivo -como en el caso del viaje a Palma de Mallorca- y el resto de grupos no -lo que también recomiendan los servicios jurídicos-. Rubricarlo supondría, entiende, avalar un presupuesto que no se encuentra correctamente fiscalizado. Una advertencia que al parecer también le han trasladado los letrados.
La comisión de régimen interior -compuesta por la Mesa y la Junta de Portavoces- se celebró este miércoles después del pleno para tratar estos temas. Antes, según fuentes de las Cortes, todos los representantes -menos el de Podemos, Marc Pallarés- acudieron a una comida a cargo de la Cámara.
Ya en la reunión, Morera planteó que los grupos presentaran sus gastos pormenorizados voluntariamente en aras a la transparencia, pero sin mucho éxito. Las mismas fuentes señalan que el PP y el PSPV recordaron que sus partidos presentan las cuentas a la sede nacional y ésta al Tribunal de Cuentas. Desde Ciudadanos se pronunciaron en la misma línea e indicaron que harían «lo que establece la ley». Desde Podemos comentaron que no tenían inconveniente en hacerlos públicos y desde Compromís -la coalición a la que pertenece Morera- no hubo pronunciamiento (hay quien destaca que la propuesta pilló por sorpresa).
«No hay acuerdo y nos quedaremos como estamos», vaticinan fuentes de las Cortes. Su presidente, aseguran, optará vista la situación por hacer un reparo a las cuentas de la Cámara para expresar que no se hace responsable de las cantidades que reciben los partidos. En total, se trata de 3,5 millones de euros, de los cuales un millón va al PP -hacia el que dirige la ofensiva-. «Los grupos presentan un balance que en principio es legal, pero si se advierte de que el uso de ese dinero no se ha fiscalizado y es responsabilidad del presidente, él no puede darlo por bueno», explican las mismas fuentes.
Mientras los grupos no consiguen llegar a un acuerdo sobre la fórmula correcta, los letrados del Parlamento piden mayor transparencia y la Sindicatura de Comptes aboga por regular un mayor control sobre el destino de las subvenciones. Según la última clasificación de Transparencia Internacional, las Cortes Valencianas son el séptimo parlamento menos transparente de España.
