Tribunales

Cerca de 250 causas de corrupción colapsan los juzgados valencianos

El TSJ abrió el pasado año 72 procedimientos contra aforados

Imagen de Alfonso Rus tomada el pasado viernes en la Ciudad de la Justicia de Valencia
Imagen de Alfonso Rus tomada el pasado viernes en la Ciudad de la Justicia de Valencia - ROBER SOLSONA

La corrupción colapsa los tribunales. Los juzgados de la Comunitat Valenciana ven actualmente alrededor de 250 causas de especial complejidad relacionadas con casos de corrupción y en el año 2015 la sala de lo civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) abrió 72 procedimientos contra aforados, con un incremento del 3% respecto al año anterior.

Estas cifras han sido hechas públicas por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva, y el Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes, en sus discursos en el acto de apertura del año judicial, que se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Según los datos de la Memoria de la Fiscalía relativos a la evolución de la criminalidad, presentados hoy por Montabes, el año pasado aumentaron en un 92 % (un total de 52) las diligencias incoadas por delitos de tortura y contra la integridad moral, un 10 % contra la libertad sexual y un 4,5 % los procedimientos por violencia de género.

En este mismo periodo disminuyeron más de un 8 % las diligencias incoadas por las diferentes formas de homicidio y un 2 % por delitos contra la Administración Pública, aunque crecieron los de fraude a la Seguridad Social, que pasaron de 4 en 2014 a 34 en 2015.

En materia de extranjería, hubo un descenso del 29 % de los procedimientos judiciales por trata de seres humanos, y del 6 % en materia de seguridad vial.

Los procedimientos relacionados con delitos informáticos "se volvieron a multiplicar por cuatro", ha indicado Montabes, que ha detallado que el número de internos en centros penitenciarios aumentó un 5 % hasta la cifra de 6.778.

También se registró un incremento del 26 % en las diligencias previas relacionadas con delitos económicos, la mayoría por fraude tributario, contra la Seguridad Social o por subvenciones.

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