Puigdemont eleva el desafío y asegura que no acatará al Tribunal Constitucional

A falta de la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, no pierde ocasión para animar a sus seguidores («soldados», en terminología del PDECat) y calentar el ambiente de cara al curso político que se vestirá por todo lo alto a partir de la próxima Diada.

Que la convocatoria de la anunciada consulta será impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC), nadie lo duda, después de que así lo hayan manifestado desde el Ejecutivo. Lo que es más insólito es que en la Generalitat se dé por descontada que esta impugnación -al margen de la suspensión automática por el recurso del Gobierno- acabará con el recorrrido legal de esta intentona secesionista.

El presidente autonómico auguró este lunes, en las páginas del diario francés «Le Figaro», que no tiene pensado acatar decisiones del TC, máximo garante e intérprete de la Carta Magna, pues solo hará caso del Parlamento de Cataluña, cuya mayoría sí controla el nacionalismo gracias al pacto del PDECat con ERC y la CUP.

«No aceptaré esa decisión»

«Si el Tribunal Constitucional me suspende de mis funciones (...) no aceptaré esa decisión. Sólo el Parlamento catalán puede suspenderme», señaló Puigdemont en una entrevista en la que también adelantó que el gobierno autonómico, bajo su presidencia, no renunciará a la celebración de un referéndum de autodeterminación diga lo que diga el Alto Tribunal.

«Nuestro compromiso con la población y con el Parlamento catalán es claro: debemos resolver nuestras reivindicaciones en las urnas. Ninguna suspensión, ninguna amenaza, podrá impedir que los catalanes decidan su futuro de forma democrática», indicó.

En este sentido, según Puigdemont «una inmensa mayoría de la población catalana quiere votar», por lo que al suspenderle o «echarle» de su despacho, «Madrid no anulará esa voluntad». Y, basándose en una idea recurrente de su fiel lugarteniente, Oriol Junqueras, aseguró que «no existe un poder lo suficientemente fuerte como para cerrar el gran colegio electoral que será Cataluña el 1 de octubre».

Pese a que a estas alturas es imposible distinguir entre actos de partidos políticos y actos institucionales, el presidente de la Generalitat garantizó que el gobierno autonómico será neutral en el referéndum, que esta idea la cumplirá escrupulosamente y que será «sometida al control de observadores internacionales».

Sin embargo, la clave del 1 de octubre -visto que no podrá ser un referéndum legal y vinculante- será la participación: «Evidentemente, una participación ridícula equivaldría a perder el referéndum». Puigdemont confía en que los que defienden el «sí» a romper España puedan movilizar como mínimo a un millón de partidarios del «no» a la secesión. En el 9-N unos cien mil catalanes votaron «no-no».

Un derecho por ser «pueblo»

En relación al fondo teórico, Puigdemont defendió, en contra de todos los organismos y las leyes internacionales, que el derecho a la autodeterminación no se aplica solo a pueblos oprimidos o colonizados, y reclamó para Cataluña -uno de los motores económicos de España- su aplicación en base a que esta región «es un pueblo».

Y como tal, si el «sí» gana el próximo 1 de octubre, una vez se validen los resultados, «explicaremos que Cataluña se transforma en un Estado independiente y que abrimos un período de transición hacia una independencia plena», que concluirá con la convocatoria de elecciones constituyentes, la redacción de una Constitución y su ratificación por referéndum.

Como era de esperar, dos de los nuevos consejeros, en puestos cruciales para el operativo del día de la consulta, el responsable de Interior (Mossos d’Esquadra), Joaquim Forn, y la consejera de Enseñanza (escuelas e institutos), Clara Ponsatí, ratificaron en las últimas horas las líneas generales que Puigdemont espera de de ellos.

La policía autonómica

Ponsatí indicó -en una entrevista para TV3- que la Generalitat «habilitará locales (para el 1-O), que pueden ser escuelas u otros espacios» y garantizó que el gobierno autonómico «organizará el referéndum (...) para que todas las personas puedan ir a votar al colegio electoral, que será el mismo de siempre o uno muy cercano a sus domicilios». Forn, por su parte, dijo que los agentes de la policía autonómica no solo no se opondrán al 1-O sino que facilitarán «su participación».

A la par que Puigdemont elevó el desafío al Estado de derecho, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el resultado del concurso impulsado por la Generalitat por el que se homologa a cuatro empresas para proveer sobres, papeletas y material electoral «para la celebración de elecciones al Parlamento de Cataluña». El valor estimado del contrato es de 897.520,65 euros. Al margen queda la licitación desierta de las urnas.

Una vez conocido el anuncio del BOE, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que cualquier actuación encaminada a preparar un referéndum ilegal «dará lugar a las actuaciones correspondientes» por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Desde Benisa (Alicante), a preguntas de los periodistas, Sáenz de Santamaría reiteró, según recoge Efe, que «desde que el 14 de febrero de este año el Tribunal Constitucional señalara que está prohibido cualquier acto preparatorio del referéndum, todas las instituciones del Estado hemos ido paralizando todos y cada uno de los pasos que ha ido dando la Generalitat hacia ese referéndum de carácter ilegal y que tanta división está generando, además, en Cataluña».

Una de estas actuaciones es el pulso telemático que mantienen la Generalitat y el Ministerio de Hacienda. Tras aprobar el control semanal de las cuentas autonómicas el pasado viernes, a raíz de detectar el desvío de 6.150 euros para gastos relacionados con el 1-O, Hacienda remitió ayer una misiva a la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, en la que le da 24 horas para que explique a dónde fue a parar el dinero.

La misiva llevaba la firma del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y en ella advertía a Vidal de las «responsabilidades administrativas y penales» que collevaría negarse a dar la información requerida, confirman a ABC fuentes del Ministerio. Desde la Generalitat apuntan que Vidal respondió ayer y achacó estos gastos a un contrato de mantenimiento de un software para procesos electorales dependientes del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.