Colau admite que fallaron los protocolos en el desahucio de Sants

La polémica de anteayer por el desahucio de una madre y sus tres hijos en Sants sigue abierta. Un día después de ensarzarze en Twitter con los Mossos y el Govern por la actuación y por el despliegue policial, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, admitió ayer que fallaron los protocolos y volvió a reclamar que no se repitan situaciones de este tipo con un «dispositivo de antidisturbios».

La alcaldesa, que ayer anunció una nueva web municipal sobre vivienda y que detalló que Barcelona ha atendido desde enero 1.500 procesos de desahucio, hizo autocrítica y se mostró sorprendida por el hecho de que «el único que supiera de la presencia de antidisturbios fuera la Generalitat. Seguramente han fallado los protocolos y por eso hay que revisarlos, para que no vuelva a ocurrir».

En este sentido, e intentando rebajar el rifirrafe, aseguró que «no quiero entrar en disputas, sino que no vuelva a pasar. Sentémonos para que no se repita».

Colau aseguró que confía en hablar de esta cuestión en breve con el Govern y explicó que hace tres meses solicitó una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, con el que espera abordar el tema.

Paralalelamente, ayer llegaron más opiniones desde el Govern. La consejera de Presidencia, Neus Munté, consideró «ofensivas» las críticas de la alcaldesa y que ésta «se equivocó y muchísimo» al señalar a los Mossos, que solo cumplieron con las órdenes del juez. En una línea similar, el videpresidente Oriol Junqueras consideró que el tuit de la alcaldesa «estuvo fuera de lugar». «No se debe responsabilizar a quienes no tienen la culpa de las decisiones del gobierno», sentenció.

El juez se defiende

Por otro lado, el juez que ordenó el desahucio dejó claro ayer que decidió ejecutarlo después de que la familia afectada le acreditara que había pedido una vivienda a los servicios sociales de Barcelona, tras haberlo suspendido en dos ocasiones.

El titular del juzgado de primera instancia número 9 de Barcelona asegura que el desalojo se había suspendido al constatarse que en el piso vivían menores de edad y que se acordó ejecutarlo una vez la madre acreditara que había pedido una vivienda a los servicios sociales. Según el magistrado, la mujer presentó un documento sellado por los servicios sociales del Ayuntamiento el 20 de junio pasado, en el que constaba que había pedido una vivienda.

Por otro lado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) detalló ayer que el Ayuntamiento se ofreció ayer a abonar la deuda de la mujer y evitar así el desahucio del piso pero el propietario del inmueble lo rechazó.