Europa y los refugiados

En el contexto de la asistencia a los refugiados y la lucha contra la inmigración ilegal, esta semana se ha producido un principio de acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que deberá ser formalizado el jueves 17. En síntesis, el acuerdo consiste en que la Unión Europea se hará cargo de la financiación de la ayuda a los refugiados en suelo turco (con un importe de unos 3000 millones de euros), comprometiéndose Turquía a actuar de «tapón» en relación a los refugiados que desde medio oriente huyen del Estado islámico y pretenden alcanzar la Unión Europea. De las informaciones que han trascendido parece deducirse que el acuerdo podría contemplar la deportación masiva de refugiados del territorio de Estados miembross de la Unión Europea a Turquía.

Como era previsible, este principio de acuerdo ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la opinión pública.

De entrada, la compatibilidad del mismo con el Derecho comunitario plantea serias dudas: dado que el art. 19 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea prohíbe tanto las expulsiones colectivas como la devolución o expulsión a un Estado en el «que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes», es difícil que un acuerdo como el descrito supere el estándar de protección que proporciona la Carta. A esto se añade que muchos de los refugiados huyen del terrorismo islámico (pues el denominado Estado islámico está comentiendo un auténtico genocidio contra los cristianos de esos países), por lo que una eventual expulsión de los mismos podría considerarse una vulneración indirecta de la libertad religiosa, con la consecuencia de que una política de refugiados que no tutelara la libertad religiosa sería incompatible con la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia respetuoso con los derechos fundamentales, y violaría los Tratados comunitarios; como ha tenido ocasión de señalar el Tribunal de Justicia de la UE «una violación del derecho a la libertad de religión constituye una persecución cuando el solicitante de asilo, por ejercer esa libertad en su país de origen, corre un riesgo real, en particular, de ser perseguido o sometido a un trato inhumano o degradante, o a penas de esta naturaleza» (STJUE de 5/09/2012).

Ahora bien, a nadie se le escapa que la acogida a los refugiados, con el trato que merecen en tanto que personas, exige de los Estados miembros de la UE recursos ingentes, precisamente porque se trata de proporcionar ayuda a quienes han tenido que abandonar todo huyendo de los horrores de la guerra. La acogida, por tanto, requiere de una renovada solidaridad por parte de los europeos. En esta ocasión, además, se trata de ejercer la solidaridad desde la gratuidad, y no en relación con inmigrantes que vienen a desempeñar aquellas tareas que ningún nacional quiere llevar a cabo o, como se ha dicho en ocasiones, paliarán nuestro invierno demográfico y generarán nuevos ciudadanos que en el futuro se harán cargo de nuestras pensiones.

En mi opinión, si Europa quiere seguir siendo un proyecto vinculado a valores humanistas debe acoger a los refugiados, desarrollando una política exterior dirigida a acabar con los conflictos en los países de origen para tratar de parar el drama que está en el origen de la crisis de los refugiados. Al mismo tiempo, junto a la introducción de mecanismos para garantizar la seguridad, la UEdebe exigir a los refugiados que respeten los principios y valores de nuestra sociedad, especialmente el respeto a la igual dignidad de la mujer. En este sentido, podría decirse que la convivencia con los refugiados no va a requerir únicamente una excepcional movilización de solidaridad, sino que también nos plantea un formidable reto cultural para integrarlos en nuestra sociedad.

Acogida, solidaridad, gratuidad, transmisión de la cultura occidental... Valores derivados del humanismo cristiano que ha configurado Europa. Ahora que un renovado laicismo quiere desterrar lo religioso del espacio público, debe recordarse que con ello se pretende una admiración por esos valores que sin ámbitos en los que puedan ser aprendidos jamás podrá devenir imitación. Y es que un espacio público vació de convicciones acaba siendo deshumanizador.

Pablo Nuevo es abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Abat Oliba CEU.