Estas son (una a una) las mentiras utilizadas por Puigdemont en su declaración de independencia
El presidente de la Generalitat asumió este martes «el mandato del pueblo» utilizando una serie de argumentos falsos
Carles Puigdemont ha comparecido este martes ante el Parlamento catalán para pronunciar un discurso cargado de medias verdades —o directamente mentiras— con la que ha asumido «el mandato del pueblo» para declarar la República catalana. El presidente de la Generalitat, sin embargo, ha dejado esta proclamación en suspenso a la espera de abrir un diálogo con el Gobierno central de Mariano Rajoy , a pesar de que este ha repetido en multitud de ocasiones que el referéndum del 1-O fue ilegal y que Cataluña no será independiente.
ABC desmonta aquí, uno a uno, los argumentos utilizados por Puigdemont para justicar su decisión de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña:
—«Más de 2,2 millones de catalanes vencieron al miedo y cuando llegaron a su colegio encontraron urnas, sobres, papeletas, mesas constituidas y un censo fiable y operativo». Una de las primeras irregularidades del referéndum en salir a la luz fue el blog ( https://1deoctubreblog.wordpress.com ) que la Generalitat improvisó 45 minutos antes de abrirse las urnas. El objetivo era que se pudiera efectuar el voto de forma telemática. La plataforma fue deshabilitada por la Guardia Civil, pero muchas personas pudieron votar por duplicado durante dos horas sin ningún tipo de control ni sistema de seguridad, incluidos habitantes de otras comunidades. Más allá de internet, la Sociedad Civil Catalana distribuyó imágenes en las que se puede ver a dos hombres votando dos veces en colegios electorales diferentes de Barcelona. Y también se colocaron urnas en la propia calle donde centenares de catalanes votaron a la vez, sin esperar turno y a trompicones. Incluso una diputada de la CUP, Mireia Boya , instaló en su propia casa una urna para que acudieran a depositar sus papeletas (fotocopiadas en casa) los vecinos de dos poblaciones de Arán.
—«A pesar de haber seguido el ordenamiento constitucional, a pesar de tener detrás al 85% del censo a favor y haber celebrado un censo legal y acordado, la acción coordinada del Congreso y el Tribunas Constitucional convirtió la propuesta catalana en un texto que no se podía reconocer». En primer lugar, el jefe de la misión de la OSCE en Kosovo y jefe del grupo de observadores internacionales que vigilaba lo que sucedía en el referéndum , Daan Everts , advirtió que estaba siendo testigo «de circunstancias inusuales ». Y eso que Everts no era un observador autorizado, puesto que la ONU ya descartó presentarse para realizar esa labor. Además, la Generalitat cambió las reglas e implantó por sorpresa un censo universal para que 5,3 millones de catalanes pudieran votar en cualquier colegio y no en el que les habría correspondería de ser unos comicios legales. Esto provocó que los datos de miles de votantes quedaran a merced de los hackers, ya que los responsables de la administración catalana gestionaron esa información de forma manual, sin atender a ningún tipo de protocolo de seguridad. Y, después, ese censo virtual fue tumbado por las fuerzas de seguridad del Estado, lo que hizo que los miembros de las mesas apuntaran a mano los nombres de los votantes. Todo eso implicó la alteración de muchas de las condiciones mínimas de un proceso democrático.
—«La participación fue del 47% del censo». De darse por cierto, ese porcentaje fue menor que el de las últimas elecciones autonómicas legales y homologadas, las de 2015, donde se alcanzó el 75% del censo. E incluso menor que en el pasado referéndum del 9-N. Pero más allá de esta cuestioón ética para justicar semejante declaración unilateral de independencia de este martes, fue más importante que, si se suman los porcentajes de la consulta hechos públicos —90,09% de síes, 7,87% de noes, 2,03% de votos en en blanco y un 0,89% de nulos— el resultado fue, sorprendentemente, de un 100,88% de votos . ¿Cómo es posible?
—«La decisión de algunas empresas de cambiar su sede social no tendrá efectos sobre nuestra economía. Es una decisión más de cara a los mercados que algo que tenga efecto sobre nuestra economía». Más allá de que estos cambios de sedes implicarían un descenso en la recaudación de los impuestos de actividades económicas y del IBI, que se pagarían allí donde vayan las sedes, las consecuencias económicas de este desafío han sido denunciadas en multitud de ocasiones en las últimas semanas. El tejido empresarial ya advirtió que el incremento del desafío había provocado un parón del consumo, además del aplazamiento de inversiones. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal , constató un «frenazo» en el turismo en Cataluña, que venía creciendo a un ritmo del 10% antes de los atentados y que conforme se acercó la fecha del referéndum, se redujo al 2%. Además, la inversión extranjera directa a Cataluña se desplomó un 10% en el segundo trimestre del año, frente al 13% que creció en el conjunto de España. Y entre marzo y junio la comunidad recibió 706 millones, 83 millones menos que hace un año. Como apuntan algunos despachos, los sucesos de las últimas semanas han paralizado inversiones en la comunidad y algunas empresas han congelado ya proyectos. Una Cataluña independiente empeoraría los efectos sobre la economía: según pudo saber ABC, informes del Gobierno hablaban de una caída de las exportaciones de Cataluña del 50% al resto de España, del 10% a la UE y del 5% al resto del mundo. En caso de salida, Cataluña abandonaría el arancel único de la UE y la OMC, por lo que entrarían en vigor las barreras comerciales correspondientes. Ello afectaría especialmente a su comercio con el resto de España, su principal destino.
—Puigdemont también ha hablado de «violencia gratuita» por la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado. No podemos olvidar la intoxicación informativa que se dio durante el referéndum, en el que algunos activistas proindependencia aprovecharon el impacto que generaron las redes sociales para difundir imágenes sangrientas durante el 1 de octubre, amuchas de ellas falsas , de otros eventos o, incluso, de años atrás, ajenas a lo que estaba sucediendo en Cataluña. Además, Puigdemont no ha hecho referencia a los insultos, el acoso y el desprecio que sufrieron los agentes de la Policía Nacional desplazados a la región. «Cumplís (junto a la Guardia Civil) las órdenes judiciales en un contexto extremadamente delicado y difícil, en circunstancias de desprecio de los que agitan los vientos del nacional populismo más reaccionario enmascarado con plebiscitos trucados», aseguró el jefe superior de Policía, Germán Rodriguez Castiñeira .
—«Europa ya se siente interpelada sobre los efectos de la situación de Cataluña». Puede que sea cierto, pero en contra de Puigdemont. Numerosos responsables de la Comisión y del Parlamento Europeo ya explicaron con claridad que si Cataluña se desgajaba de España por una declaración unilateral, quedaría automáticamente fuera de la UE , tal y como se establece en el Tratado de la Unión (TUE), suscrito en Maastricht en 1992, donde se proclama la integridad territorial de los Estado miembros. El mismo presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani , dijo: «Toda acción en contra de la Constitución de un Estado miembro es una acción en contra del marco legal de la Unión Europea. Respetar el Estado de derecho y los límites que impone a quienes gobiernan no es una elección sino una obligación».
—«Se han presentado querellas contra miembros de la mesa por permitir que este Parlamento pudiera debatir. La última oleada represiva ha provocado la detención de 16 altos cargos de la Generalitat que han tenido que declarar sin saber cuál era su situación». La Guardia Civil atribuyó un delito de sedición , además de los de malversación, prevaricación y desobediencia, a los detenidos por la operación ordenada por un juez de instrucción por los preparativos del referéndum 1-0, suspendido por el Tribunal Constitucional.
-«Como presidente actuaré siempre con responsabilidad y teniendo en cuenta los 7,5 millones de ciudadanos del país». De todo el discurso que hizo ayer Puigdemont en el Parlament este fue sin duda el pasaje más discutible, una frase hueca para describir lo que en realidad ha sido una legislatura solo enfocada a dar salida a las aspiraciones de una parte de la población catalana que quiere romper con España. Así lo reconocía de manera implícita el propio presidente catalán cuando señalaba que únicamente ha actuado pensando en el conjunto de la población cuando aludía por ejemplo a su compromiso con el «progreso social y económico». Ante las diferencias políticas que parten en dos a la población, la respuesta ha sido un proceso de ruptura de una mitad sobre la otra.
-«El sí a la independencia ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta y dos años después ha ganado un referéndum bajo una lluvia de porrazos».Jugando de nuevo al equívoco, Puigdemont aludió al resultado de las elecciones «plebiscitarias» del 27-S (2015), en las que la lista de Junts pel Sí (CDC y ERC) ganó las elecciones. Sumando los votos de la CUP, las dos listas rondaron el 48% de los sufragios , pero como consecuencia del efecto corrector que castiga el voto en las grandes concentraciones urbanas, el secesionismo se hizo con 72 de los 135 diputados. La lectura equivocada de que el independentismo había ganado el «plebiscito –algo que la CUP reconoció como falso la misma noche electoral– ha llevado a la situación actual.
-«No hay ninguna institución del Estado que se abra a hablar de la demanda mayoritaria de este Parlamento y de la sociedad catalana». Puigdemont ignoró de manera premeditada los cauces legales que la democracia española prevé para la reforma de sus instituciones y organizació, incluyendo la posibilidad, si el conjunto de la soberanía que corresponde a todos los españoles así lo acuerda, de un cambio constitucional que permita la celebración de un referéndum de autodeterminación de una parte de su territorio. La invitación del Senado a Puigdemont para que expusiese sus intenciones políticas en la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta fue desdeñada por el presidente autonómico.
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