La Junta apela a dos informes periciales y justifica el coste de Portillo y la Perla Negra

La Junta de Castilla y León se aferra a los informes periciales para justificar que tanto en la compra del edificio de la «Perla Negra» de Arroyo de la Encomienda como en la de los terrenos del parque empresarial de Portillo (Valladolid) «se pagó menos del precio del mercado». En ello insistió este jueves la portavoz del Ejecutivo autonómico, Milagros Marcos, al respecto de esta causa que investiga el Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid por si pudiera haberse producido malversación y en la cual la Junta ya se «ha personado» como parte, según confirmó.

En concreto, Marcos se refiere a dos informes periciales encargados hace un año por el juez a instancias de la Fiscalía, de los cuales se extraía que en ambos casos el desembolso que realizó la Junta se ajustaba al precio que tenían en el mercado.

En concreto, la cifra estimada por un experto del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid supera a la que el Ejecutivo autonómico asumió. Para la «Perla Negra» señala un precio cinco millones inferior al que se firmó, pero que es similar al que finalmente se registró tras los modificados; y para los terrenos del Portillo es de 2,5 millones menos.

No obstante, tales informes no tuvieron el total beneplácito de las partes y según han relatado a ABC fuentes del caso, la Fiscalía dudó de la adecuación de las conclusiones del documento referente al malogrado parque empresarial -que no llegó a construirse- porque la valoración del precio se había fundamentado en base a que la mitad de las parcelas se correspondían con suelo urbano y el Ministerio Público consideró que dichos terrenos eran rústicos. De hecho, a raíz de estas diferencias de criterio se le reclamó al catastro una valoración, un punto que se rechazó desde el organismo por estar «fuera de sus competencias».

De momento, no ha habido una nueva valoración de los terrenos del Portillo, si bien existe otro informe que analizaría el asunto, aunque no desde la perspectiva de la idoneidad del precio. Y es que más allá del coste de mercado, el juzgado investiga la evolución del valor que tuvieron estos terrenos desde que los vendió el agricultor propietario de los mismos hasta que tras varias operaciones entre distintas empresas vinculadas a la trama llegaran a manos de la Junta. De acuerdo con los expresado por la Intervención General del Estado, la cifra fue cambiando y entre la primera y la última compra el montante dista en 16,7 millones de euros. Preguntada al respecto, Marcos insistió en apelar al informe pericial que señalaba que se adecuaba al valor de mercado.

En lo que respecta a la «Perla Negra». El Juzgado investiga la operación de compra del edificio por 53 millones de euros -sin IVA- tras haberse planteado inicialmente una arrendamiento a quince años por 76 millones. Un nuevo informe ha analizado el valor del inmueble y confirmado los parámetros que recogía el primer análisis pericial de hace un año, ratificando que el precio que la Junta pagó era inferior a lo que el mercado marcaba por aquel entonces, en 2009. De ahí, que la portavoz de la Junta afirmara ayer que «cada vez que un experto independiente» ha profundizado en el valor de las operaciones «en todos y cada uno de los informes se constata que se pagó menos». Por ello, reprochó que «una mentira por más que se repite no se convierte en verdad» en relación a las acusaciones de sobrecoste que buscan «enturbiar», dijo ayer tras el Consejo de Gobierno.

En concreto, se refería a las declaraciones al respecto que llegaron ayer desde la oposición socialista, que acusó a la Junta de Castilla y León de pretender un «absoluto intento de encubrir» lo que consideran el «desfalco» de 32 millones de euros acumulado entre ambas operaciones, que es la diferencia que consideran existió entre el valor de los terrenos del polígono de Portillo y el edificio de Arroyo de la Encomienda y lo que se pagó de acuerdo a los citados informes de la Intervención General del Estado. Por este motivo, el procurador Javier Izquierdo, censuró que la Junta se escude en otros informes encargados por el juez que cifran el valor en sendos casos por debajo de lo abonado por el Gobierno regional.

Por un lado, el también presidente del Grupo Parlamento Socialista en las Cortes lamentó el «pelotazo descomunal» de la plusvalía en el caso de los terrenos de Portillo. Basándose en el informe de la Información General del Estado, citó como ejemplo 14 parcelas rústicas valoradas en unos 269.000 euros por las que ADE pagó más de 12 millones después de tres operaciones de compraventa, lo que supone que se «multiplicó por sesenta» su precio. En el caso del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo, una operación «tremendamente controvertida», Izquierdo censuró que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, delegase en el entonces titular de Economía, Tomás Villanueva, la operación, «quitándose el mochuelo de encima». El socialista, que dijo que «discrepa» de la valoración encargada por el juez, aseguró que otro informe de la Intervención General del Estado cifra en diez millones más lo que pago la Junta por encima del valor.

Personación

Además, anunció que su grupo presentará en las Cortes una Proposición No de Ley instando a la Junta a que se persone como perjudicada por el «saqueo» de esos 32 millones y pidió que «aclare» si está personada como perjudicada en el caso o sigue ejerciendo la defensa de los altos cargos del Gobierno regional investigados.

En relación a este punto, la portavoz del Ejecutivo aclaró que la Junta se ha personado en el proceso, confirmando así el paso que se iniciara hace unos meses. Fue en mayo cuando una novedad del caso les hizo declararse parte «perjudicaba». Se trataba de la contratación del mobiliario y la división interior de la «Perla Negra», que se había realizado sin convocatoria pública a la empresa Unifica Servicios Integrales, que reformó la sede del PP de Génova y aparece en los «papeles de Bárcenas» por 4,4 millones de euros. Entonces reclamaron al juez una pieza separada sobre este asunto en concreto que el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid rechazó. Tras ello, el Ejecutivo ha decidido personarse en el conjunto del proceso porque «confía en la justicia».