La Mesa de la Junta pide por unanimidad a Rajoy que no recurra jornada de 35 horas al ser una norma «ajustada a derecho»

La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos ha acordado este miércoles por unanimidad una declaración que enviará al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, instándole a que no interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley por la que se recupera la jornada de 35 horas semanales para todos los trabajadores de la Junta de Comunidades y a que, en el caso de que lo presente, no solicite la suspensión de la jornada, alegando que esta es una norma «plenamente ajustada a derecho».

Esta declaración, firmada por representantes de la Administración regional y de los sindicatos CCOO, UGT, CSI.F, FSES e Intersindical, se ha acordado durante la reunión en la que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado a los representantes de los empleados públicos sobre «la posibilidad de que el Gobierno central interponga un recurso de inconstitucionalidad» contra esta Ley, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos solicitará de esta forma a Rajoy que no interponga el recurso de inconstitucionalidad y que, en caso de que lo haga, no solicite la suspensión de la jornada «por los graves e irreparables perjuicios que dicha suspensión provocaría en la organización del trabajo».

En este sentido, la declaración asegura que la suspensión «significaría importantes desajustes en los calendarios y cuadrantes de trabajo pactados con la parte social y repercutiría negativamente en el servicio público».

Del mismo modo, manifiesta que la suspensión «supondría irreparables perjuicios en la conciliación de la vida familiar y laboral de las empleadas y empleados públicos y en la creación de empleo público».

Juan Alfonso Ruiz Molina ha resaltado al finalizar la reunión el «rechazo unánime de todos los representantes de los trabajadores» ante este posible recurso «al tener todos el convencimiento de que el Gobierno y las Cortes han actuado con sujeción completa a la ley».