El último bandazo autoritario de Iglesias desata otra guerra interna en Podemos
Las comisiones de Garantías de cinco autonomías se rebelan contra la dirección
Guerra total en Podemos. Así se puede definir el conflicto que enfrenta a cinco comisiones autonómicas de garantías, encargadas de velar por la independencia y democracia interna del partido, con la dirección liderada por Pablo Iglesias. Aunque el problema se inició a principios de este mes de agosto, el periodo estival y los atentados en Barcelona y Cambrils han provocado que pasara un tanto desapercibido.
El primer capítulo de un conflicto que tiene varios frentes abiertos se produjo tras la asamblea de Vistalegre II , en febrero, cuando los postulados de Iglesias derrotaron a los de Errejón y el líder de Podemos vio reforzado su poder. En aquel momento se decidió recomendar a la Ejecutiva renovar los estatutos del partido atendiendo a los documentos políticos, éticos y organizativos que vencieron en la asamblea y que exigían, entre otras cosas, una descentralización del poder en la formación.
Sin embargo, la revisión de los estatutos que llevó a cabo la dirección no sirvió precisamente para lograr este cometido. Uno de los cambios, el que ha desatado la polémica, introduce un nuevo artículo en el apartado del régimen disciplinario , que contempla las sanciones a las infracciones que podrían cometer los miembros del partido, el cual considera una infracción grave «transmitir o filtrar información interna que comprometa la actuación de sus órganos, la acción política de la organización o la buena imagen de las personas que la representan».
Esta falta, punitiva con la relación de los miembros de Podemos con los periodistas, puede ser castigada con la inhabilitación para ejercer un cargo público o interno entre seis meses y dos años. El nuevo articulado también amplía la infracción grave a la propagación de «noticias falsas que desprestigien a Podemos» y la difusión de noticias «manipuladas».
Impugnación del artículo
La polémica introducción de estos artículos no pasó desapercibida para la Comisión de Garantías Democráticas del partido ni para su presidenta, Olga Jiménez , elegida por los inscritos en la asamblea de febrero. Jiménez, junto a otros dos miembros del tribunal, aprobó a finales del pasado julio un dictamen declarando nulo el nuevo redactado de los estatutos y alegando que las modificaciones no estaban contempladas en los documentos aprobados en Vistalegre II y que, por lo tanto, no habían sido sometidas a votación de los inscritos.
La reacción de la Ejecutiva no se hizo esperar, y el pasado 10 de agosto tres miembros de la Comisión de Garantías, alineados con la dirección, denunciaron a Jiménez por « excederse en sus funciones », por lo que se le abrió un expediente. A partir de este momento se desató la guerra entre la presidenta de la comisión y la dirección estatal por controlar Garantías, que vivió su momento más crítico el pasado 13 de agosto, cuando los tres miembros del órgano alineados con la Ejecutiva -María del Rosario Rodero, Isabel Serrano y Argiro Giraldo- se autoconvocaron en un Pleno en el que nombraron a un instructor para que llevara la causa contra Jiménez, a la que apartaron de la presidencia, erigiéndose uno de ellos, Giraldo, como el nuevo presidente de la comisión.
Dos presidentes
La principal consecuencia de esta maniobra es que la comisión estatal de Garantías cuenta ahora con dos presidencias que mantienen un enfrentamiento y que no se reconocen legitimidad la una a la otra.
En este sentido, en los últimos días, distintos sectores de Podemos se han ido alineando con los dos bandos. El caso más destacado es de la rebelión de cinco importantes comisiones autonómicas de garantías. Al principio, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja denunciaron la injerencia de la dirección en un órgano que tiene como fundamento la independencia y manifestaron su apoyo expreso a Jiménez.
El pasado lunes se sumó a la protesta el órgano de la Comunidad de Madrid , que, junto con el resto, impugna el Pleno que sirvió para apartar a Jiménez, por nohaber estado presente todos sus miembros. A través de una declaración la comisión madrileña asegura apoyar «la independencia e imparcialidad de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal entendiendo que solo al pleno de la totalidad de sus miembros le corresponde la regulación de su funcionamiento» y recuerda que la modificación y aprobación de los estatutos del partido es «competencia exclusiva de la Asamblea Ciudadana Estatal».
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