El Supremo sienta en el banquillo de los acusados a Homs por prevaricación y desobediencia el 9-N

No hay marcha atrás. Francesc Homs, el diputado de Partido Demócrata de Cataluña (la antigua Convergència), se sentará en el banquillo de los acusados por su participación en la consulta ilegal celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014. El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Andrés Palomo ha dictado este viernes el auto de juicio oral contra el diputado y antiguo consejero de Presidencia de la Generalitat por los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave como autoridad pública. Homs tiene diez días para presentar su escrito de defensa.

Una vez dado este paso, Homs será juzgado sí o sí en el Tribunal Supremo, incluso aunque renunciara a su escaño en el Congreso para perder la garantía del aforamiento.

El juez que ha investigado a Homs recuerda la doctrina del Supremo según la cual a partir de este momento este tribunal es el competente para enjuiciar al diputado de Convergència, aunque renuncie en cualquier momento a su fuero. La Fiscalía del Tribunal Supremo pide para él 9 años de inhabilitación al argumentar que Homs «era plenamente consciente» de que actuó en contra del criterio del Tribunal Constitucional cuando impulsó la consulta.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público argumenta que Homs no adoptó ninguna medida para paralizar el referéndum por la independencia encubierto, a pesar de que la convocatoria había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Al revés, el antiguo consejero de Presidencia conocía que estaba desacatando la resolución del tribunal garante de la Constitución, que anuló la consulta el 4 de noviembre de 2014. Según el fiscal, la participación de Homs fue «crucial» porque potenció la consulta con todos los mecanismos que tenía a su alcance con los cargos que ocupaba: consejero y portavoz de la Generalitat.

Con Homs serán cuatro los políticos catalanistas juzgados por estos hechos. El expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau se sentarán en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a partir del 6 de febrero. Según el fiscal del Supremo que acusa a Homs, los cuatro «articularon de común acuerdo una estratega de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el TC». Los tres son acusados también por los mismos delitos: prevaricación y desobediencia. Ninguno de estos delitos está castigado con penas de prisión.

Tras conocer la petición del fiscal, Homs, que tampoco consiguió evitar que el Congreso permitiera al Supremo continuar la investigación, aseguró que sentía «asco» y añadió que él «no se irá» de la política «porque lo diga un tribunal, la fiscalía o el Gobierno del PP». Con la consulta, el Gobierno de la Generalitat preguntó a los ciudadanos si querían que Cataluña fuera un Estado, y en el caso afirmativo, independiente.

Cuando declaró como investigado, arropado por un grupo de políticos mucho menor que el que apoyó a Artur Mas, formado entre otros por diputados de ERC, En Comú Podem y el PNV, Homs amenazó con incumplir una sentencia «que ya está escrita» y calificó a la Fiscalía de «brazo armado» del Gobierno. Tuvo dos discursos: uno más beligerante ante los medios y otro ante el juez, ante quien defendió la legalidad de la consulta y la imposibilidad de cumplir la resolución del TC por «el mandato del pueblo de Cataluña».